Gran repercusión tuvo el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del martes al Gobierno, en el que todos los integrantes del máximo tribunal exigieron “medidas urgentes contra el narcotráfico en el NOA”. Los jueces de la Corte llegaron a esa conclusión después de estudiar los informes elaborados por actores de la Justicia en el norte argentino. El Tribuno tuvo acceso al documento sobre el narcotráfico que alarmó a los jueces de la Corte, que entre otras cosas señala que “el crecimiento de la actividad (tráfico de estupefacientes) en esta jurisdicción merece una atención distinta a la de otras del país”. Según el documento,la preocupación está en “evitar perder el control estatal sobre las situaciones que acucian a la sociedad”. Es decir, el tráfico de drogas creció en el norte y los jueces tienen miedo de que el Estado termine sin poder controlar la situación. Para que esto no suceda, la Justicia en el NOA pidió acciones inmediatas a la Corte Suprema, que le reclamó al Gobierno actuar urgentemente.

Es que la Justicia Federal de Salta y Jujuy recibió más de 19.000 causas el año pasado, un 101% más que en 2005. Desde ese año creció un 84 por ciento la cantidad de casos vinculados al narcotráfico que deben resolver los jueces. Los datos forman parte del contundente informe que mandó la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema para reclamar más recursos y prevención.

La Cámara Federal es el tercer tribunal del interior que más expedientes penales recibe por año según revela el documento, que expone la realidad de un sistema judicial y carcelario desbordado por el avance del delito organizado.

En los últimos años no solo aumentaron las causas de narcotráfico. También se duplicó el total de casos que ingresan a los juzgados por hechos que pueden estar relacionados con el crecimiento de la violencia en la región.

El texto que se envió a la Corte Suprema remarca la desprotección de los límites con Bolivia. “En el caso de nuestra jurisdicción NOA, su extensa frontera es la gran puerta de entrada para la gran mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas) que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país”, advierte el informe.

Los jueces de la Cámara Federal piden que se cree un “gabinete criminológico para el seguimiento, control y verificación en los casos de narcotráfico y trata de personas”. También demandan abrir dos centros de internación para personas con adicción.

“El incremento y diversidad de fuerzas que actúen correlacionadamente darían mayor presencia federal, control y seguridad en el área, además de prevenir los conflictos que se avizoran a corto plazo, ante la presencia de miles de personas que se están radicando en la zona, dedicadas al tráfico de estupefacientes”, dice el texto firmado por Jorge Luis Villada y Roberto Loutaif Ranea, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones.

De acuerdo a datos que pudo confirmar El Tribuno, solo el Juzgado Federal de Orán tenía hasta junio 6.755 procesos penales en trámite. Actualmente hay 280 presos a disposición de ese juzgado en comisarías. Otras 200 personas permanecen detenidas por causas que se tramitan en los dos juzgados federales de Salta.

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta está compuesta por una única sala de tres jueces, mientras otras tienen dos salas, pese a que es una de los que más investigaciones abiertas tiene. En ese contexto surgió el pedido que alarmó a la Corte Suprema.

Lo que exige la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió el martes de manera oficial al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten medidas “urgentes” para combatir el narcotráfico en el norte del país.

El máximo tribunal reclamó que arbitren de inmediato las medidas sugeridas por jueces federales de Salta, Tucumán y Jujuy debido a “la grave problemática” que denuncian vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en la zona.

Ya el pasado 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación para solicitarles que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, “sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”, informó el máximo tribunal.

Momentos antes del alarmante llamado de la Corte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, había defendido en los medios nacionales las políticas del Gobierno en la lucha contra al narcotráfico.

“Las fronteras están bien cuidadas... El combate contra el narcotráfico es activo, bastante eficiente y frontal”, había declarado Berni antes de que se conociera el duro informe de la Corte Suprema.

Si el secretario estuviera en lo cierto, entonces la Argentina no sería, según la ONU, el tercer puerto proveedor de cocaína desde 2013.

El reclamo

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta recordó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la instalación de siete radares de fabricación nacional y la remodelación de otros 20 radares civiles en 2011.

“Resulta conveniente la pronta y total implementación de estas acciones anunciadas, en una frontera que está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía”, señala el informe que redactó el Tribunal. También se solicita un escáner para cada paso fronterizo.

Los pedidos

Los jueces federales de Salta demandaron mayor presencia de los organismos de control en la región. El texto que remitieron a la Corte Suprema pide: “Gestionar ante otros organismos nacionales la reinstalación (Policía Federal Argentina) o bien la instalación (Policía de Seguridad Aeroportuaria) de destacamentos en las ciudades de Salvador Mazza, General Mosconi, Orán y Tartagal”. También requiere más personal de AFIP, DGI y Migraciones en la zona de frontera.

Más edificios

�El informe que envió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema pide más infraestructura. “Se sugiere la construcción de un edificio federal único en Jujuy en los terrenos que ya acordaron el Consejo de la Magistratura y el Superior Gobierno de la Provincia de Jujuy. También la eventual construcción de un edificio federal único en Salta Capital para los tres juzgados federales, dos tribunales orales, dos salas de cámara, la alcaidía y archivo en general (en las proximidades del Estadio Delmi)”, dice el documento.