El Municipio apeló la medida cautelar que frenó las construcciones en el barrio Rincón de Emilio, por lo que hasta tanto la Cámara Civil no se expida sobre el recurso los propietarios de los lotes podrán avanzar con las obras.

La jueza Ana Virginia Mendos, titular del Juzgado Civil Nº 5, hizo lugar el pasado 28 de mayo al reclamo de un grupo de vecinos que ya el año pasado había intentado frenar los nuevos loteos. En aquel momento no tuvieron éxito, pero esta vez, a partir de una readecuación del recurso, lograron el aval de la jueza, quien dictó “la suspensión de las autorizaciones administrativas de nuevos desarrollos inmobiliarios que impliquen la posibilidad de sumar viviendas en el barrio Rincón de Emilio".

Como el Municipio apeló dentro de los plazos legales, la medida no quedó firme. “Apelamos porque la emergencia ambiental declarada nos da los parámetros para que el Municipio pueda hacer sus controles y resolver estas cuestiones administrativas”, se explicó desde la parte legal del Ejecutivo municipal de la ciudad.

Se aclaró que lo que no se permite es la construcción de viviendas multifamiliares porque además hay una ordenanza vigente que sólo autoriza una sola vivienda en 300 metros cuadrados, y también se menciona en la misma norma que no se aceptarán flexibilizaciones.

“Más allá de las cuestiones procesales, atacamos la medida cautelar por esto de salir a citar que no se realice ningún tipo de acto administrativo cuando hay una ordenanza de emergencia ambiental que nos dice cómo hacer el control, pero hay que aclarar que el que quiere hacer una casa unifamiliar cumpliendo con lo que dice la ordenanza lo puede hacer”, interpretaron desde el Ejecutivo.

El conflicto se remonta a un loteo concreto, por el que se pidió autorización en 2009 y que el Municipio aprobó por decreto mientras regía una declaración de emergencia ambiental. De fondo, la cuestión a resolver en la causa apunta a la constitucionalidad de esta norma.

Propietarios de terrenos en esa zona presentarían otra cautelar. Buscan contrarrestar los efectos de la decisión de la Justicia. Martín Nuñez, abogado de 30 daminificados, contó que desde que se inició el conflicto y se suspendieron por primera vez las construcciones en septiembre de 2012 por un amparo de UNE, sus representados están a la espera de una solución legal. “Hasta ahora no habíamos hecho nada. No era la idea, porque pensábamos que iba a primar la cordura y la solidaridad”, dijo Nuñez. Afirmó que al menos 12 de los 30 vecinos a los que representa fueron beneficiados por los créditos hipotecarios Procrear. “Tienen los créditos y no pueden avanzar, no pueden construir su vivienda por toda esta situación. Hay que pensar que son familias jóvenes, con hijos, pagando alquileres de cinco mil pesos, y que si pudiesen acceder al crédito estarían construyendo su casa y pagando una cuota de cuatro mil”, detalló el abogado.