Tiene 14 años recién cumplidos. En el reparto de las tragedias le tocó soportar el abuso y la violencia de su padrastro desde los 12 años. Fue tal la paliza que recibió hace tres semanas que terminó en el Hospital Materno Infantil y el horror tomó estado público, se volvió inocultable. Además de severos golpes, los análisis arrojaron que la niña estaba embarazada. Inmediatamente su madre hizo la denuncia y acordó con la niña (que quedó embaraza a los 13 años), solicitar la práctica de un aborto no punible conforme al derecho vigente. El padrastro se encuentra detenido en la Alcaidía Judicial pero, como suele ocurrir en Salta, la justicia se expresa a medias cuando se trata de los más vulnerables y no tardó en llegar al hospital una medida cautelar del Juez de Personas y Familia Nro 2, Víctor Soria, haciendo lugar al amparo en favor del niño por nacer presentado por la Asesora de Menores e Incapaces Nro. 2, Claudia Flores Larsen.

El aborto no punible para casos de embarazos producto de una violación, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, fue puesto entre paréntesis por un juzgado menor. Esto se entiende menos si se piensa que el tiempo es un factor elemental: Un embarazo en una niña no admite dilaciones. Lleva ocho semanas y media de una amarga espera. Por eso, Graciela Abutt Carol y Mónica Menini, abogadas de la madre, apelaron ayer la sentencia del juez Soria que ahora irá a la Corte de Justicia de Salta para que este máximo Tribunal se expida sobre la inconstitucionalidad de la medida. Las abogadas adelantaron que estudian presentar en breve plazo un jury de enjuiciamiento a Soria y a Larsen por las trabas interpuestas al cumplimiento de la ley.

Abutt aclaró que “el factor tiempo no se tuvo en cuenta y consideramos que el juez Soria dilató la cuestión, igual que el Hospital que esperó 6 días para hacer la práctica hasta que Larsen interpuso la cautelar que la prohibía. Todo deja la sensación de dilatar los tiempos en perjuicio de la víctima”.

La niña estuvo internada hasta el sábado pasado en el Hospital Materno Infantil donde fue revictimizada por la violencia institucional del nosocomio y de la Justicia. Su apesadumbrada mamá le contó a El Tribuno que “Larsen nos metió en este lío. Pidió que mi hija llegue a término con el embarazo y entregue la criatura en adopción. Hay que tener 14 años y tener un hijo de la violencia. En el Hospital fue lo mismo: yo personalmente pedí que venga el agente de Seguridad a sacar a una voluntaria que quería convencer a mi hija de que tenga el bebé y lo de en adopción. Le mostraba fotos de embriones. También fue a la habitación un cura. Increíble el atropello”.

El Estado provincial no se expidió públicamente al respecto. La ministra de Justicia, Pamela Caletti; y la de Derechos Humanos, Marianela Cansino, volcaron su representatividad en la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, quién haría la apelación al fallo del juez Soria, según trascendidos, ya que la fiscal no atendió ayer los insistentes llamados de El Tribuno.

La mamá de la niña, dijo: “Ella está muy mal, no quiere saber nada de esto. El juez es inhumano, no puede obligar a una menor de edad a hacerse cargo de semejante martirio, el tiene todas las pruebas. Estamos viviendo un calvario que no tiene fin”.

Desde que todo explotó la niña perdió siete kilos de su delgado cuerpo. Está deprimida y desconsolada. Transita la frontera más difícil de su vida desamparada por magistrados que se perciben superiores a la ley. Al menos pasó de grado y eso iluminó por se gundos su ensombrecido horizonte.

¿Cuánto vale el derecho en Salta? ¿Cuánto vale la vida de las mujeres?

POR GRACIELA ABUTT CAROL, ALIANZA DE ABOGADAS POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

¿Qué clase de Estado es posible en el que un juez inferior desconozca la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, último intérprete de la Constitución, y que, al mismo tiempo, ignore la autoridad de leyes vigentes, que son las que regulan nuestras conductas? ¿Cuál es el la idea de Estado de Derecho que proyecta una decisión de ese calibre?

Y, simultáneamente, ¿es posible un Estado en el que un juez se desentienda de los derechos humanos más básicos de una niña golpeada y violada que espera se respete su derecho? La decisión del Juez Víctor Soria prohibiendo la interrupción del embarazo de una niña violada, nos refleja como una Salta rudimentaria, con institucionalidad de cartón pintado que rechaza el orden federal, desprecia los derechos fundamentales y privilegia creencias sobre derechos, instalando una anomia legitimada desde el poder Judicial.

Veamos sus efectos: ¿Qué mensaje envía esta decisión del juez Soria a los médicos responsables de efectivizar los derechos de las mujeres; a los operadores de justicia que extienden arbitrariamente sus principios dogmáticos al resto, a las mujeres violadas que quieren ejercer sus derechos a terminar con una gestación no deseada? Lo que no advierte el juez es que las mujeres, sobre todo las violadas, van a continuar interrumpiendo embarazos no deseados. El único efecto de su sentencia es propiciar la clandestinidad con el riesgo para salud y la vida, lo que ubica su sentencia al margen de toda ética. Para el prevaricato, el remedio es el juicio político. La sentencia FAL de la Corte Suprema lo habilita y el movimiento de mujeres no duda en utilizarlo. La decisión del Juez Soria nos obliga como sociedad a pensar cuál es el grado de compromiso real que tienen nuestros magistrados y funcionarios judiciales con las leyes, con la justicia y la ética. Hace tiempo que la magistratura salteña no da cuenta en sus decisiones, de que la composición de la ciudadanía es mucho mas amplia, plural y variada que sus cerrados principios morales o religiosos, los que invariablemente afectan derechos de los más vulnerables. Esta tensión quizá se resuelva profundizando la lucha por un Estado de verdad laico, único garante de la vida y la libertad de las mujeres.

Desde el Hospital

La mamá de la niña abusada por el padrastro y revictimizada por quienes no le permiten ejercer su derecho, no fue condescendiente con el hospital Materno Infantil. José Luis Angel intentó aclarar: “Cualquiera que decide realizar un aborto no punible tiene que regirse por un protocolo. Nosotros ejecutamos lo que dice la ley, no opinamos al respecto. La sentencia de Soria prohibió llevar adelante la práctica bajo apercibimiento de incurrir en delito penal. Por eso no se hizo”.

Lo que dispuso el juez de Familia, Víctor Soria

Respecto de la niña de 14 años a la cual la justicia salteña le niega su derecho al aborto no punible, el Juez de Personas y Familia Nro 2, Víctor Soria, ha dispuesto en su polémico fallo, las siguientes cuestiones:

1- Hacer lugar al amparo en favor del niño por nacer presentado por la Asesora de Menores e Incapaces Nro. 2, Claudia Flores Larsen.

2- Que el Ministerio Público Fiscal comience los trámites conducentes a entregar el niño/a nacido producto de la violación, en adopción.

3- Que el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta en el termino de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo.

4- Declara Inconstitucional el decreto 1170/12 Protocolo de actuación ante abortos no punibles en la Provincia de Salta porque atenta contra la vida de los niños por nacer.