Carlos Fernando Díaz, Presieente de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con “el Retrato…” expresó su mas “enérgico rechazo a esta medida que de concretarse terminará beneficiando a genocidas, a los que hoy los espera la cárcel”.

“Hoy , a pedido de la defensa de los represores, los magistrados evalúan unir las dos causas (Base Naval I y II) referidas al señalado lugar donde funcionó un centro clandestino de detención. De lograrse esto, el juicio podría suspenderse hasta el año próximo, y para esa fecha hay algunos represores que podrían ser beneficiados por la prisión domiciliaria , ya que ellos especulan con el agravamiento de de la edad y la muerte en inocencia. No tenemos duda que es una maniobra mas para evitar enfrentarse a la Justicia”

Cabe recordar que durante el debate se iba a tratar la Primera parte una de la mega causa conocida como Base Naval. En esta ocasión, se había establecido que se juzgaría a los responsables de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en nueve casos. Además se juzgaría a los responsables de siete homicidios calificados por el concurso de dos o más personas.

Los imputados son dos miembros del Ejército y tres de la Armada, pero sólo tres se iban a sentar en el banquillo. Se trata del ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, del ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luis Pertusio. El ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no estaba previsto que fueran juzgados. Ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.

Es de resaltar que los genocidas están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.

Gratitud al Gobierno Nacional

Por otra parte y al preguntársele sobre la inhumación de Carlos Francisco Simón, Díaz manifestó su "gratitud" al Gobierno nacional "que decidió que los derechos humanos sean una cuestión de Estado gracias a lo cual hoy se puede hacer justicia".

"Luego de más de 30 años de lucha y sufrimiento, la familia Simón ha podido tener el cuerpo de Carlos Francisco y su madre, con 91 años, y una de sus hijas embarazada de ocho meses van a poder sentirse en paz al tener hoy más cerca de este ser querido”, remarcó.

Una tarea sin descanso

Acerca de la tarea que llevan adelante y como están organizados , Pablo Diaz dijo que “estamos Regionalizados como organismo y esto sirve para amparar a todos”, ya que entienden que “Hay muchos compañeros desperdigados sin ningún tipo de contención en cuanto a organismos de derechos humanos y menos aun de la justicia, por eso la regionalización sirve para amparar a todos”.

Resaltó que trabajan “ a brazo partido, porque la justicia es muy lenta”, para expresar finalmente que “La situación de Mar del Plata, no es muy distinta de lo que ocurre en todo el país. El vuelco grande se produjo a partir de que el Estado Nacional impuso los Derechos Humanos como política de Estado”