"La posesión de un teléfono celular no se encuentra estrictamente tipificada en la normativa como configurativa de una falta sancionable. Pretender que la posesión de un teléfono celular sirva como elemento de perturbación del orden y la disciplina o que facilite la comisión de delitos o quebrante la seguridad del establecimiento no son conclusiones que puedan ser presumidas sino que requieren de pruebas que lo demuestren", dijo en su fallo el juez penal de Necochea Mario Juliano.

El magistrado resolvió dejar sin efecto una sanción de diez días de aislamiento impuesta el 3 de octubre de 2013 a un preso de la Unidad Penal XV de Batán, a raíz de "la tenencia y manipulación de un teléfono celular y, dentro de un recipiente, sustancia vegetal con características similares a la picadura de marihuana, todo en el interior de la celda que ocupa en el establecimiento penitenciario".

La sanción impuesta lo fue porque "la peligrosidad del teléfono celular radica en la utilización del mismo como vía de comunicación con el exterior, mediante el cual se puede brindar o recibir información que haga vulnerable la seguridad del establecimiento facilitando maniobras tendientes a evadirse de esa unidad, como así también puede ser un elemento utilizado para realizar maniobras delictivas (secuestro virtual) o extorsionar a familiares de los propios compañeros de pabellón".

El artículo 48 inciso R de la ley penitenciaria prevé penalidades por "mantener o intentar contactos clandestinos en el establecimiento o con el exterior".

"Con la misma intención (evitar comunicaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad del establecimiento o ser medios delictivos) deberían eliminarse las líneas telefónicas fijas que existen en cada pabellón y son de acceso libre para los detenidos, deberían prohibirse la correspondencia privada y las visitas generales e íntimas o imponerse el silencio obligatorio para evitar las conversaciones entre detenidos", fundamentó el juez Juliano.