Antes de pedir la rescisión los diputados solicitarán informes por Palau

Ante la falta de apoyo del Partido Justicialista, fundamental para poder aprobar un proyecto en la Cámara de Diputados, Valeria Orozco decidió retirar el proyecto de declaración en el que se solicitaba al Poder Ejecutivo que inicie la rescisión del contrato de explotación de la embotelladora Palau que tiene la empresa Plumada, y a cambio pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informes sobre una serie de puntos, que según la legisladora incumplirían con lo previsto en el contrato.

Embotelladora Palau.

Al respecto el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento de la Provincia de Salta, Gerardo Márquez, salió al cruce de lo expresado por Orozco, por lo que manifestó que a la empresa se la controla desde el 2009, y que efectivamente existen incumplimientos parciales, pero no lo suficientemente contundentes como para pedir la rescisión del contrato.

También explicó que, a diferencia de lo dicho por Orozco, Plumada paga entre 15 mil y 17 mil pesos mensuales, sin registrar deudas, y que se está discutiendo un aumento de esos montos.

En cuanto a los trabajadores de planta, el contrato establece que haya por lo menos 32, y según Márquez actualmente hay 14, por lo que es otro punto a resolver ya que la empresa también considera como parte de empleados de planta a los encargados de distribución y comercialización, con lo que superaría el número exigido.

Por último el funcionario destacó que hay más de 70 mil pesos de inversión en estos 5 años, tal lo indicado por Orozco, "por ejemplo solamente los galpones que hicieron superan ampliamente ese monto”, indicó.

Igualmente la diputada se mantuvo en sus dichos porque sostiene que "manejo datos brindados por el propio Ejecutivo a través de los ministerios, por lo que si me desmienten a mi se están desmintiendo ellos también".

Explicaciones por la licitación

Previo a la sesión, el secretario de Obras Públicas Juan Carlos Galarza y el ministro de Gobierno, Julio Loutaif, fueron a la Legislatura a aclarar algunos puntos cuestionados por diputados acerca de la licitación de la ruta provincial 54 en el departamento Rivadavia.

En lo referido al supuesto sobreprecio que le marcaron a la ruta, el secretario explicó que es imposible determinar un precio por kilómetro, ya que varía según el tramo de la ruta y que los costos se incrementan por el flete ya que la obra se encuentra alejada de los lugares de provisión.

Otro cuestionamiento surgió porque no se hizo la licitación por etapas, Galarza defendió esa postura argumentando que el riesgo de licitar por tramos es que la demora en la ejecución de uno de ellos por una empresa, perjudica el inicio de la otra y por lo tanto termina siendo perjudicial.

Por último Galarza señaló que si bien no se incentiva a que las empresas ganadoras subcontraten a otras para realizar los trabajos, tampoco está prohibido en el pliego.

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