La jueza María Eugenia Sierra fue reelecta en el Consejo de la Magistratura por el 70 por ciento de los votos de sus colegas. De cara a otros 2 años en el cargo, la magistrada anticipa objetivos y analiza la realidad judicial. Reconoce deficiencias en el Poder Judicial, pero, tras padecer en carne propia las consecuencias de las intervenciones, defiende a ultranza al Poder Judicial y advierte que tienen los mecanismos para mejorar los errores.

Sierra alerta que la propuesta nacional de elegir a través del voto popular a los integrantes del Consejo de la Magistratura “no es un avance”. Así ahonda en el accionar del órgano encargado de la selección de jueces.

¿Cuál es el desafío tras ser reelecta en el cargo?

Consolidar un trabajo que inicié hace 2 años. Demostrar que el Poder Judicial de Corrientes puede integrarse con personas sensibles a los problemas sociales, comprometidos con la función de mantener la vigencia del orden jurídico lo que implica hacerse cargo, de que respetando las leyes, la Constitución y los tratados, se respetan los derechos de los ciudadanos y por lo tanto se provee seguridad. Un ciudadano que sabe que cuenta con jueces independientes sabe que en el momento que reclame el reconocimiento de sus derechos va a ser correspondido.

¿Qué se debe cambiar en el Consejo?

Hay mucha gente que vuelve a concursar, ese es un punto a revisar. Muchas personas que concursan para varios cargos y que si resultan designadas en uno, aún siguen concursando para los otros. Eso tendría que verse mediante reglamentación. Es uno de los puntos que quiero analizar en estos dos años. Algunas reformas del reglamento serían provechosas. El concurso es un gran desgaste humano y económico.

¿Cómo cree que la sociedad ve a la Justicia?

Percibo una insatisfacción colectiva con el modo en que se hacen las cosas o funcionada el Poder Judicial, por eso permanentemente estamos recibiendo críticas. Tal vez sea conveniente un debate en el que pensemos qué Justicia queremos. Se reclama por la demora de los trámites, piden mayor celeridad y ese es un problema que no puede ser resuelto sólo por los jueces y los abogados, sino que requiere reformas legislativas. Como por ejemplo nuevos tipos de procedimientos, que sean más ágiles y mayor cantidad de juzgados, porque la población crece y las relaciones sociales son más complicadas y entonces hay más problemas que resolver.

¿Corrientes está preparada para debatir qué tipo de Justicia quiere?

Sí, estamos preparados. Hay muchas personas capacitadas que pueden hacer propuestas en pro de mejoras. Las asociaciones, colegios de abogados, magistrados también aportan ideas y también hay instituciones intermedias que aportan al debate.

¿Qué opina de las críticas a la Justicia?

Sobre la mora judicial tiene razón. Pero es un problema mundial. Otra cosa que se crítica es el acceso a Justicia de las personas de menos recursos o que desconocen los derechos que los asisten. En eso hay que trabajar un poco más, abrirse, llegar más. No es una tarea sólo del Poder Judicial, pero se están haciendo cosas al respecto, como la creación de juzgados de Paz barriales, que por estar cerca de los barrios contribuyen a pacificar. En breve, crearemos el el segundo.

¿Cuál es la importancia del Consejo?

El Consejo de la Magistratura tiene dos funciones principales: seleccionar quiénes van a ser los candidatos a jueces y receptar denuncias contra magistrados para analizar la verosimilitud de los cargos, es decir, si quien denuncia a un juez está haciendo una descripción de un hecho que podría encuadrarse en una causal de destitución. Si es así, se formula la acusación para que sea juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento o, en caso contrario, se desestima la denuncia.

Durante mis dos años de mandato se destituyó a 3 jueces.

¿Cuán trascendente fue la incorporación del Consejo a la Constitución?

Lograr que la integración de Consejo esté en la Constitución fue trascendental para evitar que nuevos gobiernos quisieran modificar su composición con una simple ley. Fue un planteo progresista, de avanzada, tanto es así que el Consejo de la Magistratura de Corrientes fue muy ponderado a nivel nacional por diferentes catedráticos constitucionalistas.

¿Está garantizada la transparencia en la selección de jueces?

Sí. El examen de los jueces consiste en una prueba de oposición, que es anónima y es corregida por un jurado técnico integrado por tres personas: un representante académico, otro de abogados y de jueces y funcionarios del Ministerio Público, garantizando transparencia. Se garantiza además la elección técnica y así se ideó.

La idea era excluir la participación política lo más que se pueda, que no es total porque está el fiscal de Estado, que es la representación política en el Consejo.

Los órganos políticos participan de la terna que le brinda el Consejo, en la selección de un candidato, que no está obligado a ser el primero y en el acuerdo que brinda el Senado, donde se debate y hay una instancia de apertura pública en la que el pueblo puede participar e impugnar al candidato por algún motivo. Eso garantiza que esa persona sea técnicamente preparada y además que reúna el perfil adecuado.

¿Cómo se analiza el perfil de un concursante?

El perfil se analiza fundamentalmente en la última etapa de selección que se denomina entrevista con el Consejo.

Los concursantes deben resolver un expediente, luego se analizan los antecedentes que también brindan garantía de transparencia en la evaluación, porque están perfectamente trazados y publicados en la página web cuáles son los criterios para evaluarlos.

Luego viene la etapa de la entrevista en la que se evalúa las convicciones democráticas de esa persona, su compromiso con los derechos humanos, su conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Superior Tribunal. Todo eso tiene que ver con su personalidad porque ejercer el cargo de juez, defensor o asesor requiere capacidades y aptitudes personales. Además, se escucha a un psicólogo, que es quien realiza un análisis psicotécnico-psicolaboral de la persona. Tendemos a que sean requisitos de excelencia.

¿Cómo calificaría el proceso de selección de jueces antes de la creación del Consejo?

Era netamente político, no se garantizaba la excelencia. En una época, el Gobernador proponía los jueces y el Senado prestaba acuerdo. No creo que los gobernadores hayan sido irresponsables en la designación de los jueces, pienso que sabían a qué personas nombraban y había un control que era la Legislatura.

¿Qué opina sobre el proyecto de “Democratización de la Justicia”?

Surge como un problema nacional. La elección popular de los miembros del Consejo no es un avance. Se los va a elegir como a los legisladores. La base de representatividad que se cuestiona a nivel nacional no sucede en Corrientes: porque el Jurado de Enjuiciamiento está integrado por legisladores y es el Senado quien presta acuerdo para la designación de jueces, es decir participan. Sobre la transparencia de publicación de los fallos me parece muy atinado.

¿Qué opina acerca de la posible intervención al Poder Judicial?

El proyecto para intervenir la Justicia es totalmente infundado. Es como querer desmalezar un jardín con una topadora. Tenemos deficiencias, pero pueden superarse tranquilamente. Todas las intervenciones han sido tan nocivas para Corrientes que es necesario bregar por mantener el orden constitucional.

¿Es la Justicia una corporación?

No. Hay un fuerte movimiento asociativista, en el buen sentido, no corporativo. Es natural el sentido de pertenencia a un grupo y más siendo un Poder del Estado que está compuesto por abogados. La defensa de los intereses que hacemos los jueces tiene que ver con la democracia y la república. No suelen ser intereses personales, no es común defender una persona, se defiende intereses que benefician a la sociedad.

Crearán un Observatorio

de la Niñez

La doctora Sierra integra junto con sus colegas Nora Maciel y Alba de Bianqueti, un grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que ha propuesto la creación de un Observatorio de la Niñez.

El Consejo de la Facultad de Derecho ha dado el visto bueno para la creación del observatorio que proveerá de información sobre niñez, adolescencia y familia a entidades locales, nacionales e internacionales.