Esto demuestra que no está en una actitud autista hacia la sociedad chaqueña y que puede retomar el camino correcto cuando así lo requieren las circunstancias”, destacaron.

Sin embargo sostienen que “en otros dos casos es necesario que tome la misma actitud republicana y democrática para que los chaqueños veamos que nuestros funcionarios realmente respetan las instituciones y normas que nos rigen”.

“Nos referimos a que usted, señor gobernador, no debe firmar ningún acuerdo de explotación de hidrocarburos en la provincia, sin el aval de una ley como lo establece claramente el artículo 41 de nuestra Constitución que dice ‘La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio’”, señalaron.

A la vez marcaron que allí se señala que “podrá realizar por sí, o convenir, previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura, actividades de prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones por percibir”.

Como también avanzar hacia “el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público está sujeto al interés general y a la preservación ambiental”.

También apuntaron que el artículo 42 establece que “el régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean: 1- La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino. 2- La explotación directa y racional por el adjudicatario. 3- La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro.”.

Por ello sostienen que “queda claro que este artículo no está contemplado en absoluto en su decisión de entregar 210.000 hectáreas a un grupo extranjero a pesar de las objeciones manifestadas por el Foro por la Tierra”.

“La fortaleza de una sociedad democrática y republicana está basada en el respeto irrestricto de nuestras normas e instituciones y es deber de los funcionarios públicos dar el ejemplo para que los ciudadanos comunes se sientan protegidos y también se sumen al respeto de las leyes que nos rigen; cuando más elevado es el cargo, mayor la responsabilidad. Por eso, señor gobernador, también en estos dos casos, claramente inconstitucionales, tome la honorable decisión que tuvo con el proyecto Antequerita”.