El recurso estiró los plazos. Aunque hay un acuerdo cercano, el Estado deberá pagar el total de la deuda.
Su tonada cordobesa suena cansada del otro lado del teléfono. Se lo nota agotado, pero paciente. "Metieron una apelación, es para ganar tiempo y ver qué hacen. La jueza ordenó el desalojo, si no pagan se tienen que ir. Trabajé toda mi vida hijo, ese salón es mío y sólo quiero cobrar. Me entiende joven?". Es Arturo Negri, el propietario del enorme local de Bolívar y Colón, en el corazón de esta ciudad, lugar que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) eligió para instalarse en 2003 y donde pretende quedarse a pesar del conflicto que mantiene con el dueño.
Después de una batalla legal que comenzó en 2008 y amenaza con extenderse, el organismo nacional apeló el fallo de la jueza federal, Olga Arrabal, quien falló a favor del hombre oriundo de Villa Dolores y ordenó a los funcionarios kirchneristas desalojar las oficinas.
Ese recurso le permitirá al titular de la ANSeS San Luis, Gastón Témoli, continuar ocupando la esquina al menos un mes más, el plazo que se tomará la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mendoza -donde tiene jurisdicción el caso- para determinar los pasos a seguir.
La mudanza del local tenía como fecha límite el miércoles pasado, pero la apelación kirchnerista llegó a tiempo y ahora en Buenos Aires los abogados de ANSeS rediseñarán su estrategia. Pero Negri ve al gesto como otra gambeta para no cumplir con lo pactado en los contratos: "Ya no les creo nada, lo hacen para estirar los tiempos y seguir desgastando. Buscan cualquier cosa para no pagar. El caso es muy claro primero me depositaron lo que quisieron y desde diciembre dejaron de pagarme. Es una locura", contó el propietario.
El vínculo entre las partes arrancó en 2003, cuando firmaron el primer contrato por 4.600 pesos, que se renovaría automáticamente y llegó hasta 2008.
Llegado ese tiempo había que actualizar el valor del alquiler. ANSeS convocó a su propio equipo de tasadores que cotizó el arrendamiento en 20 mil pesos mensuales, una cifra que, según María Fernández, abogada del dueño del edificio, la familia Negri nunca cobró.
La demora para abonar que evidenciaron los inquilinos, según la letrada, radicó en el lento circuito administrativo que debía cumplir en Buenos Aires el expediente que consignaba la salida del dinero.
Harto de esperar, Negri emprendió una demanda que aletargó más los tiempos. Mientras tanto siguió percibiendo los $4.600 por mes que ordenaba el viejo contrato. Enojado por la falta de respuestas de los funcionarios K, Negri enfureció y escrachó a Témoli y compañía pintando con aerosol las paredes y puertas de su propio salón: "Estafadores" fue lo más suave que escribió con letras rojas. Luego, desde diciembre de 2011, el gobierno de Cristina Kirchner dejó de pagarle.
Hoy, cansado de peregrinar, el dueño ofreció un acuerdo que consiste en cobrar todo lo que el Estado le debe y a cambio ofrece renunciar a los intereses y permitirles quedarse hasta agosto de 2013. En un par de días la respuesta K debería conocerse.


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