Una de cal...

El recuerdo por la desaparición de Andrea López, ocurrida hace once años, demostró el cambio social y cultural que ha operado en la comunidad pampeana desde el momento en que se produjo aquel hecho.

Una década después del drama que todavía tiene misterios, hay diversos sectores concientizados respecto de lo que significó el episodio en sí mismo y de lo que simbolizan tanto la desaparición de Andrea como la violencia sistemática que sufrió en su vida, y el infeliz final de su historia con el golpeador que era su pareja.

En ese largo proceso, donde han estado especialmente presentes la impunidad y el dolor -sobre todo de la familia de la víctima-, pero también una incansable lucha, han sido las personas de carne y hueso, con el apoyo de algún sector dirigencial minoritario, las que dieron vuelta una realidad cargada de obstáculos y carencias, para tener al menos otro panorama respecto de la misma problemática.

Cuando se produjo la desaparición de Andrea, cualquier movida que apuntara al esclarecimiento (y eso era necesariamente mirar para el lado de Víctor Purreta) se hacía cuesta arriba, con un poder político dispuesto a proteger al criminal; un Poder Judicial desacostumbrado a analizar causas de trata de personas o violencia de género; medios de comunicación que recién se asomaban al conocimiento de esas cuestiones y una Policía -y en general, unas instituciones- formateada para concebir como natural que una mujer sufra violencia y que en todo caso se trate de asuntos “personales”.

Hoy esa realidad se ha modificado, sino radicalmente, por lo menos de manera clarísima: la lucha para visibilizar los casos no es tarea titánica de dos o tres personas, o de los afectados directos; hay una red de contención que funciona al menos en la sociedad civil; en general los dirigentes políticos entienden al menos el costo -y la inconveniencia- de apañar a los violentos; se han sancionado leyes nacionales que significan todo un espaldarazo a esa pelea; los medios de comunicación, casi sin excepciones, se han convertido en nuestra región en herramienta vital de visibilización y concientización; el Poder Judicial aprendió en ese camino y como complemento de ciertas tareas de capacitación de algunos operadores llegaron también las sentencias con nuevas lecturas de esa realidad.

De ningún modo todos esos avances, aunque constituyan un nuevo contexto, significan la indiferencia respecto de puntos opacos o directamente oscuros que siguen existiendo, con un Estado claramente en deuda que incurre en avances y retrocesos desde sus tres poderes y desde sus distintas jurisdicciones; con una Policía cuya tendencia machista sigue siendo indisimulada y con dirigentes políticos muy dispuestos a abordar estar problemática no con tanta convicción como oportunismo.

...y una arena...

La denuncia que pesa sobre un comisario policial, según lo que trascendió durante la semana que se fue, mucho más que poner bajo la lupa a un representante de esa institución lo que hace es desnudar la necesidad de que la problemática del consumo de drogas por parte de adolescentes sea abordada en forma sistemática desde distintos ámbitos y se convierta, de manera sensata, en un debate con la mayor participación posible de la opinión pública.

El hecho en cuestión, en lugar de ser mirado desde una óptica que favorezca el escándalo, puede ser abordado de manera reflexiva, estudiando el fondo de la cuestión, alejándose de la acusación fácil y yendo sobre aquellos aspectos que requieren de una acción estatal -y no solo estatal- para operar sobre el mediano y el largo plazo.

Es comprensible la soledad, impotencia y confusión de una autoridad escolar que, frente a un hecho que tampoco constituye su misión específica, recurre a otra institución estatal y en lugar de sentirse acompañada y comprendida, es arrojada otra vez a una suerte de aislamiento, a base de argumentos que en apariencia describen la imposibilidad de ocuparse de la problemática.

También es cierto que el costado represivo o policial del asunto es apenas uno, ni siquiera el más importante, de los que hacen a todo un proceso social conflictivo, que requiere de múltiples intervenciones y no sólo del accionar de las fuerzas de seguridad o de fiscales y jueces que apliquen el Código Penal.

Mucho antes de que esos actores tomen intervención en el hecho que sea, ocurren múltiples acciones sociales, con diversas conductas y protagonistas, que tienen que tomarse en cuenta si el objetivo central es la salud de la población, y en especial de los jóvenes y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad.

En general, y a partir de una larga serie de realidades, no parece que el Estado provincial conciba como una prioridad de su acción a la problemática del consumo de drogas por parte de sectores juveniles: esa realidad, mucho más penosa en grandes urbes de otros puntos del país, no es sin embargo del todo aliviada en ciudades como Santa Rosa o General Pico, donde se requiere de una acción eficiente y sistemática.

Es en las escuelas, lugares donde suelen explotar y hacerse visibles los conflictos sociales -mucho más aún a partir del crecimiento de la matrícula que produjo la Asignación Universal-, donde los docentes saben desde hace tiempo respecto del crecimiento de la problemática del consumo de drogas, que afecta de manera directa y a veces de gravedad a los adolescentes que forman parte del sistema.

Frente a esa realidad es necesario que el Estado articule con organizaciones no gubernamentales, y desde distintas áreas, un mecanismo que haga que la reacción no se limite a llamar a la Policía porque alguien le vendió un porro a un alumno, sino una intervención multidisciplinaria para tener en cuenta, tanto a la hora del diagnóstico como de las soluciones, cuestiones como la sicología de los actores, la importancia de la educación, el papel que puede jugar el deporte comunitario y, desde ya, el rol de la familia.