Aun con la situación de fondo pendiente, el juez de Primera Instancia de Familia N°2, Antonio Andrade, dio curso al amparo presentado por la diputada provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, respecto al nuevo cuadro tarifario aplicado por la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Así lo hizo saber mediante un escrito al que tuvo acceso TiempoSur, donde fija fecha y horario de la audiencia pública solicitada por la legisladora, para el día 12 de abril a las 11:30 en el Complejo Cultura Santa Cruz. Sin embargo, el Juez no suspendió la aplicación de la nueva tarifaria como también había pedido Mestelán mediante una cautelar.  

 

Exposición de cinco minutos- La semana pasada, la Diputada de la oposición interpuso una acción de amparo contra Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), para que se deje sin efecto el cuadro tarifario actual de energía eléctrica, agua, energía pública y cloaca, retrotrayéndolo al mes de enero de 2017 hasta la celebración de una audiencia pública y en función de los resultados de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia fijó una primera audiencia pública, donde se deberá presentar el Ministerio Público y todos aquellos que se consideren afectados o con interés en la misma, quienes se podrán inscribir hasta un día antes; asimismo, tendrán derecho a una exposición de cinco minutos para expresar su postura.

También se conoció que Andrade solicitó que se publiquen avisos en la radio y en el canal de televisión dependiente del Estado provincial cada 2 horas, notificando a vecinos, instituciones y asociaciones de Santa Cruz de la audiencia pública a realizarse el 12 de abril de este año.

 

No se tenía en cuenta a la Constitución- En la presentación, Mestelán indicó que “sin conocimiento previo”, los usuarios del servicio deben abonar aumentos de hasta un 600 por ciento y en algunos casos porcentajes mayores. Manifestó que este aumento se registra para un universo de más de 40.000 usuarios de Río Gallegos y más del doble en toda la provincia, y que los índices indicados están muy por arriba de la inflación del año que transcurrió del 40,3% del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el Congreso de la Nación.

Asimismo, sostuvo que una decisión de estas características, que afecta a un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del Artículo 42 de la Constitución Nacional. “Consideramos ilegítimo entonces el dictado del aumento sin el paso previo e ineludible de una audiencia pública”, remarcó en la presentación.

 

Qué dijo de la cautelar- Andrade avanzó con la medida de audiencia pública solicitada por la legisladora, aunque sobre la cautelar, afirmó: “Teniendo en cuenta que queda por definir lo expuesto en los puntos anteriores, como así también que la complejidad del presente caso amerita contar con mayores datos respecto de la razonabilidad del cuadro tarifario, difiérase su tratamiento al resultado de la presentación de nuevos interesados y eventualmente del resultado de la audiencia fijada”.