Ayer, 15 de febrero, se cumplió un año del estallido social antiminero en Andalgalá que dejó severas heridas en la sociedad y derivó en la suspensión por orden judicial del proyecto Agua Rica.

A un año del conflicto, la situación muestra algunos avances, varios temas pendientes y una cierta calma que parece haber incluso dejado el necesario debate minero en un stand by que, tarde o temprano, tendrá que ser retomado.

El edificio de la Municipalidad ya luce recuperado tras una inversión de casi medio millón de pesos, después de haber sido incendiado durante el levantamiento que sobrevino a la orden judicial de desalojo del corte antiminero que ambientalistas mantenían (y siguen manteniendo) en el camino que lleva hacia Agua Rica.

Sin embargo, la Justicia aún no pudo identificar a los responsables de los desmanes. Tampoco se avanzó en las denuncias que activistas heridos realizaron por supuesto accionar represivo de las fuerzas policiales. (Ver aparte).

Hoy, desde el Gobierno provincial muestran una serie de medidas con las que pretendieron imprimir un cambio de timón en la política minera y que fueron anunciadas por el Gobernador el 1º de Mayo. Entre ellas, el reemplazo de las autoridades de Minería (José Sinner fue desplazado por Jorge Eremchuk), la creación de la Dirección de Gestión Ambiental, la designación de delegados en los departamentos mineros. Aún están pendientes de concretarse otros anuncios importantes, como la creación por ley de fideicomisos mineros y un régimen de monitoreo ambiental comunitario.

Dos acciones destacables, tendientes a llevar tranquilidad a la comunidad, fueron los informes encargados por el Gobierno a la Fundación de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y el realizado desde Ambiente. En el primer caso, arrojó que no hay evidencia de contaminación minera que afecte la salud y en el segundo, que las reservas hídricas de Campo del Arenal no disminuyeron a raíz de la minería extractiva.

Pero frente a estos avances, aún falta recomponer el tejido social que, pese a la aparente tranquilidad, todavía no consiguió superar la división que se generó en mineros y antimineros. De hecho, tras el 15 de febrero, hubo otros episodios de violencia que derivaron en nuevas causas judiciales: como agresiones a periodistas o las amenazas proferidas por un activista en contra del juez de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro.

Judicialmente, hay dos temas de importancia pendientes: por un lado la resolución de la Corte a la controversia planteada entre el municipio y el CD andalgalense respecto de la legalidad o no de convocar a un referéndum minero en la comuna. También se mantiene la suspensión que, el juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda emitió hace exactamente un año de todas las tareas en mina de la empresa Agua Rica.

Al margen de la suspensión judicial, hasta ahora la empresa tampoco terminó de completar las exigencias que la Secretaría de Minería le impuso para dar el aval final a la Declaración de Impacto Ambiental. En teoría, Agua Rica tiene hasta el 19 de marzo para atender esos requisitos.

Mientras tanto, la asamblea El Algarrobo mantiene hace ya más de un año el bloqueo contra la actividad minera en el camino que conduce al yacimiento Agua Rica.