Un grupo de técnicos de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Económico estudia los balances de la firma.
La minera solicitó en noviembre pasado acogerse al procedimiento preventivo de crisis, pidiendo que se le permita funcionar 15 días por mes para reducir en un 50% los costos laborales. Trabajo hizo lugar a la presentación, pero advirtió a las partes que no se podrían producir cesantías, reducciones en las remuneraciones, y tampoco los trabajadores podían llevar adelante medidas de fuerza o paros.
Se exigió entonces a la compañía que presentara toda la documentación respaldatoria de su proceso de crisis, para ser estudiada por los asesores y funcionarios del organismo ministerial. En este momento, se encuentran en análisis los balances y todos los comprobantes vinculados a la evolución económica y el estado actual de la empresa.
En el proceso también interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la solicitud de subsidios para ayudar a resolver la situación, sin que se produzcan despidos.
En tanto, los trabajadores presentaron a los funcionarios un informe sobre la situación de la minera, en el que plantean una supuesta "intencionalidad"de cerrar la planta de Quijano para relocalizarla en Olacapato, lo que ocasionaría la pérdida de puestos de trabajo. Reclamaron también la intervención del Gobierno para que se les abonen los sueldos de enero.
Finalmente ratificaron su voluntad de participar del mecanismo preventivo de crisis y acatar sus reglas, pero pidieron que la firma cumpla con lo planteado, sin despidos y con la cancelación de los sueldos.

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