Miguel Ángel Flores - mflores@losandes.com.ar

La posibilidad de consensuar un Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la actividad vitivinícola parece estar cerca. Al menos fue la sensación posterior a una reunión que desde el mediodía de ayer mantuvieron en Casa de Gobierno dirigentes de Soeva (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas), representantes de las entidades gremiales empresarias, y funcionarios locales y del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En todo caso, se confirmará si en el próximo encuentro, previsto para el 18 de mayo, se define un tema clave: el valor referencial de una tarifa única a pagar tras la cosecha, para sustituir los aportes patronales mensuales.

Ese es el eje de la discusión hoy del convenio sectorial que homologará a la ley nacional respectiva, como ya lo hicieron la actividad forestal y la tabacalera en el Noreste argentino. Resta determinar si el agente de retención serán las bodegas (unas 400 activas) o los más de 4 mil productores que hay en el país.

En la agenda de las próximas reuniones figuran algunas modificaciones en el manejo de los fondos de obras sociales y también el alcance de las ART. Así lo explicó a Los Andes Guido Tabasso, asesor de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, que actúa como mediador de las negociaciones.

Tabasso participó de una concurrida mesa junto con el director regional Cuyo de la cartera laboral, Miguel Cerutti; el ministro de Producción, Raúl Mercau; y el subsecretario de Promoción Industrial, Javier Espina. Además de Soeva y el INV (por su rol informativo de fechas e indicadores y seguimiento del ciclo vitícola), dijeron presente Bodegas de Argentina, UVA, la Cámara de Exportadores de Mosto, Asociación de Viñateros y la Cámara de Agricultura de San Rafael.

Punto clave

Según Tabasso, el cálculo de la tarifa global sustitutiva de los aportes mensuales es la cuestión central. "Lo que deban pagar las empresas o productores en concepto de obligaciones se podrá determinar por superficie o producción en quintales. Lo que no los exime de presentar las declaraciones juradas sobre altas y bajas de trabajadores", explicó el asesor, para quien el esquema diferido tiene la característica de "acompasar la capacidad financiera para el pago de aportes y contribuciones con el ritmo de la campaña agrícola".

Es por eso que la tarifa se podrá cancelar luego de la liberación de los vinos. Es decir, a partir del segundo semestre de 2012, cuando se pretende ya tener el convenio en marcha. Afip será responsable de hacer las imputaciones a la cuenta de cada trabajador.

Pero éste es un punto resistido por Soeva. Según el dirigente Osvaldo Soloa, "pusimos hincapié en el impacto de los aportes sobre las obras sociales: las cuotas se pagarían en 4 o 5 veces a partir del segundo semestre, lo que nos perjudicaría porque los fondos no ingresarían en tiempo y forma para cumplir con los prestadores".

Para Soloa no es la única observación. También el propósito de que las ART amplíen su radio de cobertura a los trabajadores de todo el país (como en el sector tabacalero) puede ser problemático, porque "no queremos que haya cantidad si no mejoramos la calidad, en cuyo caso habría precarización de las prestaciones".

Mientras se especula que la base de cálculo de la tarifa única sea el valor de la gamela (incluso diferencial según sea uva común o varietal), desde las entidades se muestran mayormente conformes con lo planteado en el convenio.

"Está bien. Con esto el Estado busca blanquear aportes y contribuciones de la actividad, y en definitiva los productores dentro del circuito formal se favorecen con la flexibilización de obligaciones", indicó Sergio Colombo, de la Cámara de Exportadores de Mosto.