La propuesta del gobernador José Manuel de la Sota de acordar con los represores de la dictadura militar y rebajar las penas a los condenados que den información sobre el destino de los desaparecidos, cosechó una andanada de reproches y repudios de tipo político, moral y jurídico.

De la Sota, quien el 24 de marzo de 2004 dijo que “las Madres (de Plaza de Mayo) deberían haber cuidado mejor a sus hijos (para que no los secuestraran y torturaran)”, afirmó en una entrevista con Canal 26 que “Argentina necesita un baño de reconciliación”, utilizando un concepto muy propio de los años ’90, y afín a los sectores proclives a echar un manto de olvido sobre el terrorismo de Estado de los 70.

En la mencionada entrevista, De la Sota atacó la política de derechos humanos del Gobierno nacional y sostuvo que “hay algunos que hacen una política del resentimiento”, en supuesta alusión a los juicios por los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en el país desde hace varios años. Sin embargo, la decisión de la Argentina de juzgar a los responsables de la represión ilegal es y ha sido destacada por juristas y especialistas en derechos humanos de todo el mundo.

Según el gobernador cordobés, con la actual política nacional de derechos humano “no se busca quebrar la coalición de los torturadores y asesinos”. Fue entonces que sugirió realizar acuerdos con los represores que den información sobre la represión. “Sudáfrica reduce la condena si me decís dónde están los que faltan”, ejemplificó. “Pareciera que todo pasa por decirles (a los represores) ‘los vamos a reventar’, y por eso nadie se desabroquela”, abundó.

Las declaraciones de De la Sota produjeron la inmediata reacción de los organismos de derechos humanos, autoridades nacionales, víctimas y querellantes de megajuicio La Perla, y de abogados penalistas “comunes”.

Por la tarde, la Secretaría de Prensa provincial aclaró que el mandatario no había hablado de “negociar” con los condenados por crímenes imprescriptibles, como había indicado un cable de la agencia Télam, y acusó al Gobierno nacional de estar detrás de “una ofensiva” contra la Provincia.

Las palabras de De la Sota, dichas cuando se está juzgado los terribles delitos de La Perla, fueron intepretadas por distintos sectores en el marco del intento de posicionamiento del mandatario ante los sectores más conservadores de la sociedad y del establisment. De la Sota integra un frente electoral con Francisco De Narváez, Hugo Moyano y Roberto Lavagna, y su público electoral se ubica en el ala derecha del meridiano político.