El Tribunal, integrado por los doctores Rodolfo Francisco Martiarena, Guillermo Jorge Tórtora y Enrique Catani, este último por licencia de la doctora Adela Eduarda Di Stefano, sostuvo que el amparo "alega que la ley cuestionada -esencialmente los artículos 50, 51, 64 y siguientes- lesiona, restringe, altera y/o amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Constitución de la Nación Argentina, en particular los derechos de propiedad privada e igualdad ante la ley".

Según el fallo explican que "la vía del amparo no procederá contra leyes", por lo que la decisión de llevó adelante De Narváez es "irrisoria" y esta improcedencia es motivo de rechazo del amparo.

En la resolución, el tribunal sostiene que la categoría de "clases inferiores" que dio De Narváez a los beneficiarios de la Ley de Hábitat. "Entiendo, en antítesis con nuestros legisladores aquí accionantes, que los bonaerenses debemos hacernos cargo de los problemas sociales de nuestros conciudadanos, a quienes aquéllos se refieren como “clases inferiores” (fs. 16), y a las que, según su pensamiento, debiera atender “El Estado”, al parecer, comprendido como una entelequia (ver fs. cit.)", fundamentó el doctor Martiarena.