Según explicó la diputada electa, "el decreto nº 3512/4 es arbitrario e inconstitucional, pues dispuso un incremento del 25 % sobre la valuación fiscal vigente para el año 2014 para los inmuebles urbanos, y del treinta por ciento para los inmuebles rurales, apartándose de lo dispuesto en la legislación vigente".

En el mismo sentido, los solicitantes afirman que "lejos de fundarse los incrementos dispuestos en parámetros objetivos verificables y mensurables, sólo se invocó como fuente habilitante una genérica observación de la realidad socio económica, sin aclararse cuál es la razón objetiva y real que habría llevado al Poder Ejecutivo a concluir razonadamente en la fijación del 25% y 30% en vez de otros porcentajes distintos.

Para la opositora, "el decreto no utiliza parámetros objetivos que identifiquen la genérica realidad socio-económica que invoca, ni explica en qué consiste jurídicamente la observación que dice haber realizado para llegar a totalizar un incremento de las valuaciones fiscales en un 114%, en los últimos tres años”.