Escudado bajo el argumento de seguir al pie de la letra la esencia que caracteriza al peronismo como lo es la búsqueda de la justicia social en aras de favorecer a los estratos sociales más desprotegidos dada su situación de emergencia social, pese a los 10 años de alperovismo en el poder, la mayoría oficialista dio su aval a la ejecución e implementación del programa "Más Cerca".

Tal iniciativa, contempla la realización de una serie de obras públicas a través de fondos nacionales no reintegrables (en un primer desembolso que ronda los 12,6 millones de pesos, de un total de 85 millones) a repartir entre los municipios y comunas de la provincia, que estarán autorizados a contratar en forma directa la compra de bienes y materiales necesarios para la ejecución de dichas obras.

Justamente, tal aspecto fue una de las aristas utilizadas por la oposición para manifestar se negativa a homologar la norma, a lo que se sumó la falta de mecanismo de control en la utilización y reparto de las remesas, como así también advertencias, por parte de los refractarios al PJ, sobre la sobrevaluación de los trabajos a realizar en los diversos distritos tucumanos.

En el debate de esta ley, también se coló el freno judicial a la herramienta privilegiada por el PE, como lo es la contratación directa, y que fuera impulsada por el PRO, a través de una presentación del legislador Alberto Colombres Garmendia. En tal sentido, vale señalar que al cierre de esta edición, los parlamentarios se aprestaban a homologar un proyecto que permitiera sortear la cautelar judicial con el objeto de liberar el camino para que el Instituto Provincial de la Vivienda tenga superpoderes y así obviar las licitaciones públicas.

Al momento de su alocución, el referente macrista en el recinto opinó que "es necesario que todo esto se realice en el marco de la Constitución y el respeto a la ley. Yo apoyo cualquier obra que redunde en beneficio de la gente, pero no comparto la crónica tendencia de apartarse de la ley. Invito al PE a volver hacia el camino de la legalidad", indicó Colombres Garmendia.

Vale señalar que la propia Constitución Provincial como así también la ley de Obras Públicas y de Administración Financiera fijan a la licitación pública como el método que debe encararse en este tipo de proyectos.

Sin embargo, el oficialista José "Gallito" Gutiérrez defendió el lineamiento adoptado al remarcar que "lo que tratamos es una norma que debe aplicarse en 2013, si lo hacemos por licitación los convenios estarán listos en tres o cuatro meses para recién iniciarse, cuando el plazo máximo estimado es de diez meses para la ejecución, por lo que corremos el riesgo de perder el financiamiento", advirtió.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical, el primero en salir a cuestionar la iniciativa fue Roberto Sánchez, quien puso la lupa sobre el grado de discrecionalidad al momento de elegir qué cantidad de dinero debe ser dispuesto para determinadas localidades en perjuicio de otras. "Los tucumanos son los que deben decidir cómo se gastarán los fondos públicos que nos corresponden por coparticipación federal", remarcó.

La maratónica discusión de este proyecto, en la que tuvieron participación más de 20 legisladores, otro de los que saltó a refutar las objeciones vertidas, fue el monterizo Regino Racedo para quien el proceso de contratación directa "está claramente previsto en la ley, por lo que no se está vulnerando nada. El Gobierno se hace cargo de seguir este camino porque nos importa más llegar rápido a la gente que rasgarnos las vestiduras por cuestiones normativas".

El otro correligionarios que también manifestó su discrepancia con el proyecto fue Federico Romano Norri, quien calificó su tratamiento de "un intento político por fortalecer un sistema de reparto y así alinear a la provincia en el proyecto electoral de Cristina Kirchner. No hay planes de obras públicas y solamente estamos recurriendo a parches", afirmó, ante los silbidos que bajaban desde las gradas donde se encontraban militantes del justicialismo, además de contar con la presencia de varios intendentes y comisionados comunales, que se verán beneficiados con la implementación del programa "Más Cerca".

A su vez, Romano Norri, puso sobre el tapete que, a lo largo del texto de la norma, no se haga referencia explícita al accionar del Tribunal de Cuentas "para evitar gastos indebidos".

Otra de las referentes del radicalismo, como Silvia Elías de Pérez, se preguntó, ante la defensa esgrimida por el oficialismo, si "es tan grande la ineficiencia de la administración alperovista que no puede llevar adelante un proceso licitatorio en los tiempos previstos". Señaló, además, la existencia de posibles sobreprecios en las obras a efectuar, y para reforzar su argumentación expuso como ejemplo que, según el convenio rubricado entre la Provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) comunas como Gobernador Garmendia, La Ramada y Las Cejas recibirán un monto de 300 mil pesos para la perforación de pozos de agua. Sin embargo, adujo que, de acuerdo al informe de gestión 2012-2013 brindado a los legisladores por parte del PE, este tipo de obras tiene un costo de 193 mil pesos. "Esto da la pauta que se incurre en la sobrevaluación de los trabajos a realizar", esgrimió Elías de Pérez, al tiempo de exigir mecanismos de control para evitar estas situaciones.

Guillermo Gassenbauer, indicó que "lo que se busca con la iniciativa es lograr celeridad y efectividad en las obras, no ensuciemos un plan como este. La oposición sólo busca el hecho político del impacto y recurren con falacias a la justicia, y no con hechos fehacientes".

A su vez, Gerónimo Vargas Aignasse resaltó la necesidad de avanzar con estas obras tomando en cuenta el cariz social de las mismas. "La oposición cree que se harán quinchos con piletas o chalet en los countries de Yerba Buena", ironizó.

Al momento de la votación, de carácter nominal, 39 fueron las voluntades que homologaron la norma, mientras los siete representantes opositores se pronunciaron en contra.