Los amparistas opinaron sobre el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que dejó sin efecto la sentencia emitida en mayo de este año por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy, por la cual se condenó al Estado Provincial a dictar una medida legislativa en un plazo de 90 días para hacer cumplir el artículo 37 de la Constitución nacional y la disposición segunda transitoria.

Estimaron que la resolución del Superior Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre el tema de fondo de la causa, es decir sobre el cumplimiento del artículo 37 de la Constitución nacional y la cláusula transitoria segunda que se refieren a la implementación de medidas positivas en el régimen electoral y en la regulación de los partidos, para asegurar la igualdad real de mujeres y varones. “El fallo se ha limitado a señalar –lo que la corte local considera un error procedimental del tribunal de origen al no haber dado parte en el proceso, a los partidos políticos”, explicaron.

“Somos respetuosas de las instituciones y confiamos en el estado de derecho, así como en la administración de justicia, por ello es que continuaremos las vías jurídicas que merituemos pertinentes con el objeto de que se garantice en Jujuy el cumplimiento de la Constitución Nacional en lo referido a la igualdad real de oportunidades de hombres y mujeres en la participación política”, anticiparon.

Por otro lado entendieron que “el abrir el proceso a la opinión de los partidos importará un largo proceso que dilatará el dictado de una nueva sentencia. Pero además, observamos que no existen las condiciones necesarias para que un nuevo tribunal pueda fallar en igual sentido que lo hizo el Contencioso Administrativo, sencillamente porque nadie, ningún juez, querrá exponerse a un pedido de jury de enjuiciamiento por parte de la Legislatura de Jujuy”.

Estimaron que “garantizar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el campo de la política y legislar en tal sentido, no es responsabilidad de los partidos políticos, de hecho nuestra demanda no ha sido dirigida contra ellos, sino contra los poderes públicos. Los partidos –afirmaron- cumplen la legislación electoral y no puede quedar supeditado a la decisión de los partidos el cupo femenino. Entendemos que debe haber una ley, que se trata de una cuestión de orden público y por lo tanto no es una cuestión voluntaria introducir en la reglamentación interna de los partidos una cuota para las mujeres en los cargos electivos”.

“Finalmente queremos expresar que el proyecto que se aprobaría en la Legislatura de Jujuy y que establece que no se oficializarían las listas que tengan más de dos candidatos del mismo sexo en forma sucesiva, cristaliza la fórmula dos hombres, una mujer y no pondrá fin a la controversia judicial, en tanto no responde a disposiciones constitucionales, no es una medida de acción positiva, porque no modificará la realidad política y en todo caso importará una verdadera discriminación para las mujeres del interior provincial que quedarán excluidas de las listas y esta vez, por imperio de una ley. Por ello es que volvemos a instar a los legisladores y legisladoras de todos los bloques a que efectúen los esfuerzos necesarios para construir consenso a los fines de que la Legislatura sancione una ley conforme al derecho vigente, que transforme la realidad política y que signifique de verdad incrementar la presencia de mujeres. Una ley que no cambia nada –dijeron los amparistas- no responde a la naturaleza de las acciones afirmativas, violenta la Constitución y los tratados internacionales, como la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación hacia la mujer”.

El documento fue suscripto por Salma Haidar, Cecilia Sandoval, María Inés Zigarán, Valeria Chacón, Bettina Demattei, Valeria Argañaraz, Nora Ferreyra, Georgina Torino y Vanesa Calizaya.