La entidad se pronunció ante los sucesivos intentos de desalojos que comunidades indígenas de Tucumán vienen padeciendo en los últimos años. El caso más reciente volvió a tener como escenario a Colalao del Valle donde 30 personas corren riego de ser expulsadas por orden de un juez quien ya afronta un proceso de juicio político en la Legislatura.
“La comunidad tiene problemas desde siempre, desde hace muchos años”, afirma Francisco “Pancho” Solano Chaile, cacique de la Comunidad India Quilmes. “Las autoridades nos han desalojado un montón de veces. Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. [...] hay intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos encerrados”, agregó.
Los representantes letrados de la comunidad presentaron el 1 de junio una denuncia formal contra Peral acusándolo de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” y adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa.
Los quilmes ya habían sido desalojados a la fuerza de esas tierras en septiembre de 2009 y enero de 2010, pero en ambas ocasiones volvieron a ocupar sus hogares a los pocos días de manera pacífica. El 29 de abril hubo un tercer intento fallido por parte de gentes de la policía.
Dos leyes nacionales prohíben actualmente el desalojo forzoso de comunidades indígenas en Argentina hasta noviembre de 2013, cuando está previsto que el gobierno federal concluya su estudio nacional para definir los territorios indígenas.
“¿Qué sentido tiene promulgar legislación nacional que protege los derechos de los pueblos indígenas si las autoridades no van a acatarla?”, manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.
El peligro de desalojo forzoso de las tierras que ocupan desde hace siglos las comunidades originarias de Tucumán despertó el alerta de Amnistía Internacional. Haciéndose eco de la situación sufrida por la comunidad de los Quilmes, emitió una Acción Urgente, instando a sus socios de todo el mundo a manifestarse ante las autoridades de Tucumán y de la Nación.
En su informe, Amnistía solicitó a sus miembros que escriban, en español, sendas notas dirigidas al gobernador de Tucumán José Alperovich y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, expresando su "preocupación por el peligro de que cuatro familias de la Comunidad India Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso".
Además, el organismo pidió exhortar a las autoridades "a no llevar a cabo este desalojo forzoso ni ningún otro contra comunidades indígenas de ninguna parte del país, conforme establecen las leyes nacionales 26.160 y 26.55" y a solicitarles que "garanticen que los funcionarios que ordenen y lleven a cabo desalojos forzosos contra comunidades indígenas rinden cuentas de sus actos".
Por otro lado, se planteó recordar a los funcionarios "que deben tomar todas las medidas posibles para respetar los derechos de las comunidades indígenas, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989".
Amnistía Internacional también hizo una mención especial al asesinato del miembro de la comunidad de Chuschagasta, Javier Chocobar y a las amenazas de la que actualmente son víctimas dirigentes comunitarios, como represalias por la defensa de sus territorios.
Comentá la nota