Anunciarán esta drástica medida luego de que el gobernador estableciera por decreto la prórroga de las concesiones con las empresas. Sostienen que lo que firmó el mandatario “no es conveniente para la provincia”
En un comunicado difundido el mediodía de este martes, la UCR anticipó que mañana, en una conferencia de prensa que los principales dirigentes e intendentes partidarios darán a las 11 en la Legislatura, comunicarán que “de llegar al Gobierno en el año 2.011, desconocerían lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial”.
“Tal como está la situación, el decreto que se firmó no es conveniente para la provincia”, sostuvo el senador radical Armando Camerucci, seguramente uno de los voceros de la conferencia pautada para este miércoles.
Esta no sería la primera vez que un gobierno radical hacer caer un contrato firmado por un gobierno justicialista. Ya ocurrió en 2000 cuando el entonces mandatario Roberto Iglesias rescindió el contrato con la empresa IMPSAT para desarrollar el sistema informático de la Dirección General de Rentas, un acuerdo al que había llegado en 1998 Arturo Lafalla.
Pero la diferencia entre aquella rescisión y la que plantea la UCR hoy es abismal: lo que está en juego ahora es el futuro del negocio petrolero en Mendoza y , sobre todo, la relación del Estado mendocino con la empresa YPF, concesionaria de 16 de las 31 áreas que serán concesionadas.
Jaque anunció este sábado la firma del decreto 3.089/10 que fijó la prórroga de las concesiones por diez años más (a correr desde 2017), un negocio que le reportará a la provincia un incremento en el cobro de regalías petrolíferas y un anticipo de dinero que no sería inferior a los U$S 400 millones.
El Gobierno venía discutiendo con la oposición (sobre todo con el radicalismo)un proyecto que debía llegar a la Legislatura. Pero las negociaciones se trabaron por el monto que iba a las comunas. Finalmente Jaque incluyó la mayoría de los puntos que acordó con el PD y la UCR, aunque con su plan los municipios recibirán $20 millones más en 2011, mientras que en la iniciativa del radicalismo la cifra era de $200 millones.
La UCR impulsaba también que las empresas fueran obligadas a realizar un estudio ambiental de base cero y a invertir un monto mínimo.
En su lugar la normativa que firmó el gobernador impuso “fuertes obligaciones respecto a la remediación de los pasivos ambientales existentes y el cuidado del medio ambiente” y exigió “ cuantificar la inversión en desarrollo, exploración y explotación de las áreas”, tal como informó el Ejecutivo.
Tampoco se incluyó en el decreto un anuncio del propio gobernador y era que YPF, como condición para autorizarle la prórroga, debía equiparar los precios de los combustibles que se cobran en Mendoza a los de buenos Aires que son, en líneas generales, más baratos.
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