El concejal Juan Balastegui (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para instalar un sistema de seguimiento satelital (GPS) en vehículos que transportan residuos (camiones contenedores, atmosféricos, camionetas, entre otros) y operan dentro del ejido de la ciudad de Córdoba.

El control propuesto incluye a empresas –ya sean personas físicas o jurídicas– habilitadas para realizar este tipo de cargas, las que deberán utilizar un sistema GPS en sus vehículos.

La iniciativa busca reducir los basurales “a cielo abierto” que existen en la Capital, que de acuerdo a un relevamiento presentado por Elisa Caffaratti, presidenta del bloque de UCR, hay más de 30 considerados “críticos” en 21 barrios de la capital.

El control incluye a empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, habilitadas para realizar este tipo de cargas, las que deberán colocar GPS en sus vehículos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Según el estudio, en todos los casos predomina la presencia de escombros, lo que motivó una inspección a las escombreras municipales, donde se detectó una falta total de fiscalización, de personal técnico y de controles de trazabilidad.

El proyecto de Balastegui propone una mejora en la fiscalización y la gestión de la disposición final de los residuos que se generan en la ciudad, que sin una inspección eficiente impactan en el ambiente y afectan la salubridad de las personas.

Además, incluye la fiscalización por parte del Observatorio de la Movilidad, modificaciones al Marco Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, y la implementación de multas para quienes arrojen residuos en lugares no habilitados.

El proyecto se encuentra en comisión y se estima que en un mes podría tratarse en el recinto.

Qué dice el proyecto

Balastegui dijo a La Voz que en Córdoba faltan controles efectivos sobre el cumplimiento de la correcta disposición final de los residuos, sobre todo de los que provienen de obras y demoliciones.

Para solucionarlo, planteó que el Observatorio de la Movilidad, que actualmente monitorea al transporte público de Córdoba, también monitoree a los vehículos que transportan residuos. El organismo sería el encargado de recibir, almacenar, procesar y analizar la información proporcionada por el seguimiento satelital.

“Con la ubicación de los basurales a cielo abierto, en los sitios permitidos para descargar, el Observatorio puede seguir en tiempo real a los camiones”, subrayó el concejal.

El proyecto implica la instalación de GPS en los vehículos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Las empresas deberán instalar los GPS, además de garantizar la transmisión continua, y en tiempo real de la ubicación geográfica y dirección de cada vehículo. Además, serán las responsables de la instalación, mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos en sus camiones.

“Se plantea un plazo de seis meses para la instalación de los GPS en las unidades, aunque pueden hacerlo en un mes. Es simple y de bajo costo”, aseguró Balastegui. Los datos recabados por el Observatorio también servirán para mejorar la planificación urbana y generar estadísticas útiles para la toma de decisiones.

El concejal contó que el proyecto incluirá también a los carreros, quienes tienen lugares indicados para depositar los residuos, pero muchas veces suelen hacerlo en “cualquier sitio”. En este caso, habrá una penalización y si es un beneficiario de algún plan municipal, podría perder la ayuda económica.

Marco regulatorio

El proyecto contempla modificaciones al Marco Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, y extiende la obligatoriedad del sistema GPS a todo tipo de vehículo que transporte contenedores.

También se aplicará a empresas que manejan residuos no convencionales, como requisito para su inscripción y permanencia en el “Registro de generadores y operadores de residuos no convencionales”. El incumplimiento implicará sanciones según el Código de Convivencia Ciudadana con multas más altas e incluso la inhabilitación temporal o el retiro definitivo de la licencia de conducir.

El proyecto prevé endurecer las multas, mediante una modificación al artículo 219 de la ordenanza 12.468 del Código de Faltas municipal, cuando los vehículos descarten residuos en lugares no permitidos.

El incumplimiento implicará sanciones según el Código de Convivencia Ciudadana con multas más altas e incluso la inhabilitación temporal o el retiro definitivo de la licencia de conducir.(J. Ferreyra / Archivo)

Las sanciones irán de 200 a 2.000 Unidades Económicas Municipales (UEM) y se aplicará a generadores de residuos, transportistas, operadores y/o responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos, que incumplan las normas municipales relativas a la generación, disposición inicial, transporte y transferencia, tratamiento y disposición final.

“El proyecto es indispensable para tener un control en el ejido de la ciudad de Córdoba. Con esta herramienta se podrá controlar de manera más concreta”, resumió el concejal.

Multas a grandes generadores

Los grandes generadores que no se registren, no acompañen la documentación exigida, no renueven la inscripción e incumplan el plan de gestión de residuos u otras obligaciones exigidas por el ordenamiento municipal vigente serán sancionados con multa de 100 a 4.000 UEM.

“Las multas alcanzarían los $ 10 millones”, expresó el concejal. El proyecto prevé que el dinero de las sanciones se deposite en un fondo específico para reparar el daño ambiental causado por la generación de basurales a cielo abierto.