Hubo 2500 hectáreas desmontadas, en áreas prohibidas.Desde Greenpeace se indicó en estos días que su equipo de "guardianes" verificó que en Salta, hay unas 2500 hectáreas desmontadas en zonas donde no se podía desmontar.
Los datos surgen de las fotos satelitales a las que accedieron socios de Greenpeace. La metodología implica que 30 socios distintos coincidan en denunciar el desmonte en una misma zona donde está prohibido desmontar, según lo establecido en el mapa de ordenamiento territorial de Salta. Una vez conseguido el número, unos cuatro o cinco miembros de la entidad ambientalista, verifican la denuncia.
La contracara de la participación de unas 35 personas en cada denuncia, es el Laboratorio de Teledetección de la Secretaría de Ambiente en donde sólo hay dos personas trabajando. A la vez, estos deben realizar otras tareas además de la teledetección. En caso de detectar alguna irregularidad, se deben enviar las fotos satelitales a otros sectores que puedan confirmar si existió o no un incumplimiento con la Ley. Entre las acciones que se llevan adelante, están las inspecciones en situ de los desmontes ilegales. Los referentes de Ambiente sostienen desde hace un año que se cuenta con 10 camionetas para realizar esta actividad. Según pudo conocer Nuevo Diario, sólo habría dos que se destinan a las inspecciones de las infracciones en todo el extenso territorio salteño.
Mientras las demoras favorecen a los infractores, las multas también. En una reunión que mantuvo con los miembros de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, el titular de la Fundación Refugio, Andrew Leake, resumió el pensamiento de los desmontadores: "es más fácil meter la máquina y pagar la multa de $800 por hectárea".
En el medio, queda el peligro de perder las pocas zonas de reservas que quedan en el monte salteño. Y es que las áreas de conectividad están en riesgo de desaparecer por la degradación que produce el desmonte de las zonas aledañas a los llamados corredores que conectan una zona natural con otra. Uno de los reiterativos mensajes de las gestiones gubernamentales es que el 12% de las tierras de la provincia de Salta, son destinadas a reservas. Pero no dicen que "sólo el 3% está asegurada", dijo Leake al agregar que para que una zona "funcione como reserva, tiene que estar conectada".
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