Fue fiscal en el caso Carro -pidió penas leves en un caso de tortura- y en el caso de mala praxis contra una anestesista a la que no acusó pero el tribunal condenó a dos años de prisión.
Amado, además de intervenir en el caso de los “viajes fantasma”, también ofreció un acuerdo a los Carro en un caso de tortura, le pidió una pena de tres años a Ichoust por el crimen de Cristina Azcona y no acusó a una anestesista en un caso de mala praxis, entre otras intervenciones recientes.
También fue artífice de un arreglo con los acusados por la estafa al Club Santa Rosa, que permitió que Jorge Sánchez, Miguel Gómez y Raúl Talmón no fueran a prisión a pesar de la magnitud de la maniobra. La Cámara del Crimen en esa ocasión aceptó el arreglo.
Viajes Fantasma
En el caso de los viajes fantasma, Amado llegó a un acuerdo con los acusados para realizar una aplicación de multas y penas leves. Este acuerdo e vitaría el juicio oral y público, y nadie iría a la cárcel.
Este viernes, se realizó la audiencia en la que el fiscal Jorge Marcelo Amado y los siete acusados presentaron la propuesta de un juicio abreviado.
Estuvieron todos los imputados junto a sus abogados defensores, pero el fiscal no se hizo presente.
El exministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Álvarez, acusado por peculado culposo en tres oportunidades, acordó una pena de multa de 7.749 pesos y una reparación del perjuicio de 4.766 pesos; la exministra Marta Cardoso por peculado culposo en nueve casos, una multa del 60 por ciento del bien sustraído: 19.242 y 12.828 pesos de reparación; y el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Bienestar Social Sergio Samper por el delito de peculado culposo en cuatro casos, una pena del 60 por ciento, de 3.768 pesos de multa y 2.512 pesos de reparación.
En estos casos, el fiscal Amado consignó que no podían saber todo lo que firmaban en sus despachos ministeriales. Samper subrogó ese cargo provisoriamente y por esa razón bajó la calificación de peculado doloso, con intención, por culposo. Esta figura solo considera que actuaron con “negligencia”, es decir que no hubo dolo, intención de cometer un ilícito.
Ahora, la Cámara del Crimen debe resolver.
Caso Ichoust
En el caso Ichoust, el fiscal Jorge Amado pidió que sea condenado por el delito de exceso en legítima defensa. Con ese pedido igual iría a la cárcel por la muerte del niño Cristian Azcona, ya que solicitó que sea de prisión efectiva. El abogado querellante de la mamá pidió 27 años de prisión para Ichoust, mientras que el querellante que representa al padre del menor solicitó 18 años y 2 meses de prisión para el acusado.
El tribunal, conformado por los jueces Elvira Rosetti de González, Miguel Ángel Gavazza y Miguel Vagge, dará a conocer la sentencia el miércoles 12 al mediodía. El 28 de noviembre de 2009 a las 3:30 horas, el acusado baleó al chico de 13 años cuando estaba subido al tapial o al techo de su casa, en Unanue y Telén, del barrio FONAVI 42. El disparo dio en el corazón del niño, que murió a los pocos minutos.
Caso Carro
Además, Jorge Amado fue el fiscal que acordó con los integrantes de la familia Carro la aplicación de penas en suspenso en un caso de tortura contra un chico de 14 años.
Según el acuerdo, Amado propuso que Eduardo Carro sea condenado a dos años y tres meses de prisión en suspenso; su hijo Miguel Ángel Carro, a tres años, y su yerno, Alejandro Daniel Bernardo, a dos años y seis meses. Estos dos últimos eran policías al momento de los hechos. Con el arreglo, los tres acusados admitían la responsabilidad en el secuestro y simulacro de fusilamiento de un menor de catorce años, ocurrido el 21 de febrero de 2009.
La familia del chico no se presentó como querellante en la causa. La Cámara del Crimen Nº 1, integrada por Elvira Rosetti de González, Miguel Vagge y Miguel Ángel Gavazza, rechazó el acuerdo.
El acuerdo desató la reacción de El Ágora -que trabaja en defensa y promoción de los Derechos Humanos, especialmente de sectores vulnerables de la sociedad-, que rechazó la posible homologación del arreglo entre Amado y los acusados del llamado Caso Carro, representados por el abogado Gastón Gómez.
La anestesista
En otro caso, por mala praxis contra la anestesista Analía Peinnetti, el fiscal Amado no encontró elementos para realizar una acusación, según dijo. La anestesista llegó a juicio oral y público acusada de homicidio culposo por la muerte de una paciente.
Durante los alegatos, la querella pidió que sea condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitada por seis años para ejercer la profesión.
La médica anestesista, que trabajaba en el Sanatorio Santa Rosa, está acusada de haberle aplicado una “sobredosis” a una paciente durante una operación ginecológica. La víctima sufrió una lesión neurológica irreparable que le provocó la muerte casi tres años después de la cirugía.
El juicio se realizó a partir de la causa que se inició con el caso de Marta Ferrato, una ama de casa de Santa Rosa, de 44 años, que fue operada el 4 de julio de 2005. Durante la intervención ginecológica habría sido víctima de una sobredosis anestésica que le provocó lesiones neurológicas definitivas.
Después de una larga convalecencia, falleció el 9 de mayo de 2008. Amado no acusó, pero la Cámara condenó a la profesional a dos años de prisión en suspenso.
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