Tras optar por no dar precisiones sobre la imputación que pesa sobre él, el secretario de Seguridad del Municipio, Adrián Alveolite, decidió aclarar la situación judicial en la que se ve involucrado y mencionó que “no se trata de un hecho ligado a la falta de transparencia, sino que se ha cuestionado la forma de actuar”.

En esa línea, el funcionario municipal precisó que dio todas las explicaciones que la Justicia requirió, donde aportó “fundamentos veraces y comprobables”, en cuanto a que el local comercial de Garay 1219 fue clausurado por el Municipio “porque la habilitación estaba vencida y porque la declaración jurada presentaba irregularidades”.

Además, Alveolite puntualizó que la denunciante María Cristina Calligaro y su marido “ocupan sin derecho la vivienda sita en Garay y Alvear”, donde construyeron “un local en el garaje de la propiedad, el cual no tiene planos de obra aprobados”.

El secretario de Seguridad indicó también que “son falsas y maliciosas las afirmaciones respecto al ingreso violento del personal municipal” y remarcó que la investigación que se abrió por esa cuestión “fue archivada por la fiscalía”, aunque sigue la causa por “abuso de autoridad” y “falsedad de instrumento público”.

“Igualmente de mal intencionadas y falsas son las atribuciones de hechos de corrupción, motivos que darán lugar al inicio de acciones legales contra quien lo ha afirmado. Esta es la única verdad, y se puede corroborar con las pruebas que posee la justicia”, añadió.

Alveolite insistió en que el comercio fue “irregularmente habilitado” pues obtuvo el permiso “de forma amañada y con voluntad de transgredir las normas”.

“Es cierto que controlando la venta de alcohol ilegal, entrando a los desarmaderos, actuando contra la trata y la explotación sexual, en el control de la nocturnidad, entre otras acciones, hemos molestado a los que cometían esos delitos o infracciones y muchas veces se nos ha querido atacar por eso”, concluyó.