El dibujo legal de una línea agronómica que acote la cercanía del uso de agroquímicos con la zona urbana es el proyecto en el que Gustavo Alvarez trabaja en estos días, cuando el Concejo Deliberante amenaza con abrir un ojo apenas después de su extendida vacación estival. El concejal intransigente miró por sobre el terraplén del barrio CECO y divisó plantíos de soja cuya supervivencia está directamente ligada a la fumigación con glifosato. Tan cerca de los seres humanos y de los pozos de agua. Alvarez se distancia con ironía de la disputa oficialismo - oposición por el ocio veraniego del deliberativo. Y les endilga a ambos un desconocimiento profundo del funcionamiento del Concejo. Por eso propone un curso para capacitar a futuros concejales. A la vez, responde a la falta de confianza de la diputada Alicia Tabarés, quien lo prefiere lejos y lo acusa de usar las estructuras para llegar y luego irse por las suyas. Y trata de asomar de la maraña política kirchnerista de la que depende su continuidad en la gestión.

A partir de una serie de fotografías originadas desde la inquietud de un vecino, el concejal Gustavo Alvarez trabaja en la elaboración de un proyecto de ordenanza que busca determinar una línea agronómica alrededor de las poblaciones del partido de Olavarría. La línea delimita una zona -entre los centros poblados y el campo- donde no se permite la aplicación de productos químicos agrícolas (insecticidas, herbicidas, fungicidas) para proteger a las áreas urbanas de la contaminación. Existen antecedentes legislativos en Córdoba y en Santa Fe, aunque con dudosa firmeza en su aplicación. Sucede que se apunta fundamentalmente a las plantaciones de soja que utilizan como herbicida el glifosato, principio activo del célebre Roundup que fabrica Monsanto. Y que tiene un poder tan fulminante que obligó a la modificación genética de la soja para permitirle la resistencia heroica al veneno. La transgénesis -que algunos leen como imprevisible en sus consecuencias futuras- y la afección del organismo humano por la cercanía del glifosato implican un matrimonio potente y perfecto.

Alvarez se espantó cuando comprobó que, cruzando la calle y el terraplén del barrio CECO había, ahí no más, una plantación de soja. Que, obviamente, incluía fumigación con glifosato a 200 metros de la gente. "La única manera de que la soja sea económicamente rentable es con la aplicación del glifosato", dice Alvarez. Y aclara que "no sólo hay plantación al lado del barrio CECO. Si uno va del otro lado, sobre la 226, es habitual ver plantaciones cruzando la calle. En Olavarría aparentemente la aplicación no se realiza con aviones sino con máquinas en la tierra. Pero de todas maneras es un elemento peligroso. Hay estudios del Conicet que provocaron mucho revuelo y hasta tuvieron que salir a minimizarlo. Y está comprobada la generación de malformaciones en seres humanos expuestos".

En el caso del CECO, "ahí están los pozos de captación del agua potable de Olavarría". Recordó que "hay una ordenanza de diciembre que prohíbe la actividad alrededor de los pozos". Se trata de una norma impulsada por el Ejecutivo y sancionada a fin de año, acerca de la protección de recursos hídricos. "Aunque no ha sido demasiado difundida, protege que los químicos no se filtren en las napas, pero no protege a la gente que vive a los alrededores". La ordenanza, si se aplica, impide que se apliquen agroquímicos a 2.000 metros alrededor de los pozos. Alvarez apunta a una fumigación de no menos de 600 metros alejada de la gente.

El Concejo inactivo

La disputa entre el concejal Julio Frías (FpV) y el presidente del cuerpo, Franco Cominotto (Acuerdo Cívico) trata de argumentar lo que para Alvarez es inexplicable: la paralización durante casi tres meses del Concejo Deliberante, cuando por reglamento las vacaciones se restringirían a enero. Mientras, cerca de ciento treinta expedientes esperan por tiempos políticos benevolentes.

"Frías dice que estamos en receso y no es así: el Reglamento Interno establece que tenemos que funcionar en febrero y marzo. La modificación data de 2002 y fue un decreto que hicimos con Mario Méndez y que fue aprobado por unanimidad. El período de sesiones se extendió a once meses, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre. Y eso está vigente. No se puede pasar tres meses sin funcionar". Se trata, para Alvarez, de "un enorme desconocimiento del reglamento y de la Ley Orgánica que deja librado a cada Concejo a dictarse su propio reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones".

El concejal profundizó: "Cominotto lloriquea que no funcionan las comisiones... y se olvida de que en el caso de no funcionar el Reglamento lo autoriza a él a convocar directamente a la Comisión que no lo haga. Pero parece que todavía no lo ha leído".

En este punto vuelve sobre Julio Frías, presidente de la Comisión de Legislación. "El reglamento dice que será responsabilidad del presidente de cada comisión que se sesione en los días y horarios habituales. Si el presidente, en este caso Frías, no convoca, puede hacerlo el presidente del Concejo Deliberante". Es decir, Franco Cominotto.

Alvarez, entonces, se cita a sí mismo. "Yo presido la Comisión de Infraestructura. Notifiqué a todos, comenzó a funcionar el 7 de febrero y sesionó los cuatro lunes. Se resolvieron 18 expedientes". Mientras tanto, acicatea, "en Legislación hay más de cien, en mesa de entradas hay 20 y en el resto de las comisiones hay más de 25 que provienen del Ejecutivo y que también están parados". Entre ellos, "todos los vetos, que hay que volver a tratarlos, como la subvención para Bomberos, la rendición de cuentas de 2009, un artículo de la ordenanza de salud y reproductiva, el expediente del convenio con el PAMI para la construcción del geriátrico municipal, que está congelado no se sabe por qué, una ordenanza que mandó el Ejecutivo que pretende permitir que se construyan edificios frente al arroyo y otra muy importante que es el reordenamiento territorial, que se presentó con mucha publicidad".

Esta riña con cruce de acusaciones, interpreta Alvarez, "les cae bien a los dos. Achatan el funcionamiento para que no haya demasiado conflicto, y por el otro se apela al estilo compungido de que no quieren trabajar". Entonces "esto es parte de los antecedentes que a uno lo llevan a decir hagamos un taller para tener conocimiento de cuáles son las herramientas imprescindibles para poder ser concejal" (ver aparte).

Finalmente, se llamó a una extraordinaria para el 18 de marzo. "Pero no se trata ninguno de los temas importantes mencionados".

"¿Qué es ser confiable?"

"Alicia Tabarés confesó su vocación de empleada administrativa: dejó en claro que la política -para ella- es una carrera administrativa: ella siempre estuvo en el PJ... fue cafierista, menemista, duhaldista y, ahora, kirchnerista... no le importó demasiado para dónde iba la política... A eso lo interpreta como 'confiable': para donde va el viento, va ella". La ironía ácida de Alvarez es un rebote de la entrevista que la legisladora concedió a EL POPULAR en su despacho de la Legislatura, donde desconfía del concejal intransigente por sus fugas de los espacios que lo impulsan a un cargo electivo.

"En el '89 (no en el '87 como dice ella) por supuesto que me fui. Menem había dejado de lado 'el salariazo' y lo había traído a Alsogaray. ¿Había que ser 'confiable' y quedarse con Menem?. No es lo que yo pienso". Y sigue: "yo, en cambio, creo tener otro tipo de 'confiabilidad': ante cualquier proyecto más o menos importante, cualquiera -que me conozca un poquito, nomás- sabe de antemano qué voy a votar. Y recordó al Intendente dando por hecho que el concejal no apoyaría la instalación de cámaras de vigilancia".

Alvarez rechaza el reproche por el uso de estructuras para llegar y el despegue subsiguiente en soledad. "La única vez que llegué con una estructura fue con el grupo de Silly Cura y con la boleta de Cristina. Después ellos decidieron irse con Solá y enfrentar el proyecto del gobierno nacional. Se fueron ellos, no yo". Entonces "si de algo estoy seguro es de que no voy a ser instrumento de políticas liberales. Mis posiciones políticas sobre proyectos concretos que afectan a la gente son claros". Y en ese punto, al menos, lo respaldan los expedientes: el aumento frustrado del boleto de colectivo y la suba de la alícuota del Impuesto a la Piedra son hijos de su pertinacia.