El Jefe de Gabinete municipal, Leandro Zdero, sostuvo que es responsabilidad de Secheep el mantenimiento integral del alumbrado público porque así está estipulado en la Ley 3052, vigente desde 1984. "Que no se saque el lazo el presidente de Secheep, una empresa evidentemente muy mal gestionada", sentenció.
La polémica en torno al mejoramiento del alumbrado público sigue sumando opiniones encontradas y este jueves fue el turno del jefe de Gabinete de la Municipalidad de Resistencia, Leandro Zdero, quien aseguró en declaraciones a Radio Facundo Quiroga que dicho servicio es responsabilidad exclusiva de Secheep.
El titular de la empresa energética, César Cotichelli, había declarado a la misma emisora que la Ley 3052 establece que Secheep es responsable de la recaudación del 10,74 por ciento para el pago de la energía que se consume por el alumbrado público y el cambio de lámparas incandescentes, (la de los cruces de calles), pero no se refiere a la instalación de artefactos.
Esto último fue refutado por el funcionario del Ejecutivo municipal, quien aseguró: "Que no se saque el lazo el presidente de Secheep, una empresa evidentemente muy mal gestionada. El alumbrado público es responsabilidad de Secheep y lo ha sido desde 1984 en adelante". En este sentido, aclaró que el Municipio capitalino no percibe dinero en concepto de alumbrado público.
"A través de la Ley 3052, Secheep cobra el 10,74 por ciento del importe que corresponde al consumo particular. Ese porcentaje va para el alumbrado público en su conjunto, en la norma en ningún momento dice sólo cruces de calles", sostuvo Zdero.
El cruce de declaraciones se inició luego de que la intendente de Resistencia, Aída Ayala, solicitara una audiencia con el vicegobernador a cargo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, para abordar el tema del mejoramiento del alumbrado público de la comuna.
La polémica por quién debe hacerse cargo de brindar el servicio sigue su curso, desde la empresa Secheep aseguran que el convenio mediante el cual ellos se hacían cargo del alumbrado público caducó en el 2006, no explica por qué continuaron cobrando el 10,74 por ciento del consumo domiciliario.



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