Altube había sido citada por el juez Esteban Dubois, pero después de que Nuevo Diario informó sobre el día y la hora en que debía ir a tribunales, pidió declarar un día antes argumentando que hoy debía viajar.

Sólo después de su declaración, los funcionarios judiciales informaron sobre el cambio de horario, con lo que se facilitó que la ex ministra de Juan Carlos Romero evitara su exposición en público.

Según pudo saberse, Altube se limitó a negar ante Dubois los cargos de "negociaciones incompatibles con la función pública" que le había imputado la fiscal María Inés Loyola, lo mismo que al entonces coordinador de Bibliotecas y Archivos, Miguel Angel Cáseres.

No trascendió, sin embargo, cómo justificó su firma de una resolución ministerial de noviembre de 2007 que encargó a Plumada la digitalización del patrimonio bibliográfico y documental de la Biblioteca Victorino de la Plaza y del Archivo Histórico, tras un proceso administrativo que sólo había llevado 15 días.

La resolución de Altube fue refrendada dos días después por un decreto provincial que firmó Mashur Lapad, en momentos en que se encontraba a cargo del Ejecutivo por ausencia de Juan Carlos Romero.

Una semana más tarde, en las vísperas del traspaso de gobierno, el ministerio de Economía le pagó a Plumada un adelanto de tres millones de pesos por el trabajo, que nunca se concretó.

Un informe de la Auditoría General de la Provincia publicado en abril pasado concluyó que el proceso se había saltado todas las normas de la ley de contrataciones, y la de procedimientos administrativos.

Señaló también que la provincia debió llamar a una licitación pública para adjudicar el servicio de digitalización, pero también indicó que el "encargo" se había hecho sin pautas de tiempo ni de modalidad.

Aunque Dubois, juez de Instrucción Formal Nº2, tomó las primeras medidas de la causa, todavía la Corte debe resolver una cuestión de competencia con Martín Pérez, juez de instrucción formal Nº1.