Hoy, el ciudadano tiene certezas de que el Gobierno, con tal de lograr sus objetivos, está dispuesto a poner un manto de sospecha sobre la honra de los jueces y vulnerar la autonomía del BCRA. Pero también es consciente de la incapacidad que mostró la oposición para articular una estrategia eficaz.

Las juezas federales María José Sarmiento y Claudia Rodríguez Vidal, que dictaron varias medidas cautelares que suspendieron los decretos 2010/09 y 298/10 para salvaguardar las reservas y la intervención del Congreso nacional, pagaron un costo muy alto, que les fue mal retribuido por la política.

Es conocida la persecución política que sufrió Sarmiento con el patrullero, dos denuncias penales sin fundamento y la maniobra para salpicarla por lo que pudo haber hecho su padre en los años setenta. Y Rodríguez Vidal tuvo que soportar la diatriba formulada por la presidenta Cristina Kirchner.

Todo el espectro político renegó anteayer de esos jueces. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo, cuando no se limitó a revocar el fallo de Rodríguez Vidal sino que lo anuló, pretendió señalar que la jueza había incurrido en un grave error, cercano al mal desempeño. Y la oposición mostró un supino desinterés cuando, en lugar de haber convocado una sesión para esta semana, prefirió priorizar el descanso pascual y postergar cualquier debate para el supermiércoles del 7 del actual.

A nadie escapa que la forzada renuncia del ex titular del BCRA Martín Redrado y su reemplazo por una obediente Marcó del Pont desdibujó cualquier imagen de mínima autonomía de la autoridad monetaria. Y la oposición dejó en evidencia falencias muy graves, incapacidad para llegar a consensos y falta de visión y estrategia. Ahora planea dar batalla el supermiércoles y derogar, en ambos recintos, el decreto 298/10, para impedirle al Gobierno usar reservas.

Sin embargo, no sólo es difícil asegurar que ambas cámaras coinciden en esa solución. Aun cuando la logren, nada impedirá que al día siguiente la Presidenta dicte otro decreto idéntico al derogado, con otro número. Si la Justicia, cuando dictó los dos fallos, implícitamente rechazó la impugnación del decreto 298/10, que estaba abiertamente concatenado con el 2010/09, ahora la oposición difícilmente podrá invocar la nulidad que eventualmente dicte del 298/10 para echar por tierra otro decreto que lo reemplace. La solución judicial dejó al desnudo fragilidades.