Conseguir un arma es más fácil que comprar droga. Todo depende de lo que estés dispuesto a pagar y de lo que busqués. Un alquiler por un fin de semana o para un ‘trabajo’ puede costarte entre $200 y $500 en el Gran Mendoza”, dice un policía de Godoy Cruz, que prefiere –y pide– anonimato para hablar del circuito ilegal de las armas. Según algunos analistas del tema, la cantidad de revólveres y pistolas que en la actualidad maneja la delincuencia local se nutre ampliamente de los robos domiciliarios, luego de que muchos mendocinos decidieran armarse para sentirse un poco más seguros. En el medio aparecen también varios policías procesados porque se sospecha que alquilaban sus armas a los ladrones.

Un señuelo. Una mujer estaciona habitualmente su auto en la plaza de Godoy Cruz. Uno de esos días se acerca a uno de esos jóvenes que suelen cuidarle el vehículo y le dice que necesita conseguir un arma. Al principio él pregunta para quién es y ella responde que no se preocupe que no será nada grave, que sólo la quiere un fin de semana. El muchacho no le asegura nada, pero dos días más tarde vuelve con un dato por el que cobra una comisión.

La entrega se hará en el Parque San Vicente y, aclara, el que traiga el arma no tiene nada que ver con ninguna banda. Ella paga $300 y la devuelve pasado el fin de semana. Después, siguiendo a ese entregador la policía logra dar con una casa en la que una mujer sola guarda un arsenal. El hallazgo no hace más que confirmar que no es necesario ir hasta un barrio conflictivo para dar con un revólver o una pistola.

Así de simple parece ser en el Gran Mendoza dar con un arma. En el mercado ilegal, las pocas preguntas que hacen los entregadores suelen ser qué calibre necesitás y si la querés cargada o no.

“Tenemos muchas escuchas que nos confirman cómo es el negocio. En varios casos, y previendo que alguien puede estar escuchando, dicen ‘necesito un celular con cargador’. Del otro lado, alguien responde que tiene 9 o si necesita llega a 380, aludiendo a los calibres y también ofrece los cargadores. El alquiler se concreta en pocas llamadas y después del trabajo el que alquiló se deshizo del arma con facilidad”, admite un investigador del Gran Mendoza, quien asegura que en varios casos ese accionar impide que se puedan esclarecer algunos crímenes resonantes como son el homicidio del abogado Marcos Derpich, en Godoy Cruz, o el mismo asesinato del médico Sebastián Prado, en Ciudad.

A la hora de encontrar el origen de este arsenal que parece estar en manos de la delincuencia, los pesquisas aseguran que “el accionar de varias pandillas hace que mucha gente se encierre en sus casas y no le baste con tener rejas o alarma, esa gente decidió comprarse un arma. Eso lleva a que en muchos robos domiciliarios estos ladrones se apoderen de gran cantidad de armas que luego son secuestradas cuando cometen otros asaltos. Se podría decir que el robo con armas creció paralelamente al robo domiciliario”, estimó otro investigador.

Otra de las fuentes de las que surgen gran parte de las armas son los robos a policías y en menor medida algunos efectivos supuestamente alquilaron sus armas y esas pistolas 9 milímetros aparecieron después en un asalto. Uno de estos casos se investiga en la fiscalía de Godoy Cruz y otros más ya pasaron a la Fiscalía Especial de Delitos Complejos.

Canje de un secuestrado

En territorio lasherino estar armado se convierte para algunas bandas en algo primordial para la subsistencia. Hay quienes se promocionan por las redes sociales y eso no hace más que advertir a las otras pandillas sobre el arsenal con el que se cuenta, y hasta se puede ver como una oferta para posibles compradores.

Sin embargo, eso de saber quién tiene tanta cantidad de armas tiene doble filo. Según trascendió, en las escuchas telefónicas que realizaron durante la investigación del secuestro de un joven de 18 años del barrio 26 de Enero en Las Heras, en un momento los secuestradores pedían $300.000 de rescate, pero en otro exigieron a su familia: “Queremos las 9 pistolas 9 milímetros que tienen”, demostrando que conocían algunos movimientos de los allegados al muchacho por quien se terminó pagando $50.000 de rescate.

“Los barrios en que más armas hemos secuestrado son el Santa Teresita, Cristo Redentor, Eva Perón, 5.000 lotes y el 26 de Enero. En el primer trimestre del año pasado incautamos 67 armas y en ese período de este año la cifra creció a 104, lo que demuestra que se secuestró más porque hay muchas armas en la calle, sobre todo tumberas; se podría decir que el 50% de lo que se secuestra son armas caseras”, precisó el comisario Camilo Ubilla, a cargo de la Departamental Las Heras.

Sin embargo, en términos generales a los investigadores les preocupa el hecho de que al parecer la delincuencia se provee cada vez más de armas de mayor potencia. “En los secuestros y también cuando la policía se enfrenta con maleantes en un tiroteo se ve que cada vez más los delincuentes tienen pistolas 9 milímetros, ya no se ve como antes el revólver calibre 22”, admitió el jefe de la Policía, comisario Juan Carlos Caleri.

Para Caleri, el origen de estas armas del mercado negro suele ser “el robo domiciliario en mayor medida y por otro lado hay mucho robo también a personas de las fuerzas, como policías, personal del Ejército o Gendarmería. Cuando uno secuestra esas armas, tipo pistolas 9 milímetros, cuesta determinar la procedencia porque la mayoría le lima la numeración para que de ser detenido con esa arma no se le impute el robo anterior”.

En San rafael

En la actualidad, el 95% de las armas utilizadas para cometer delitos en San Rafael provienen de los robos a propiedades, según datos oficiales. Es que muchas de esos revólveres, escopetas y pistolas son herencias familiares y no fueron declaradas o no están empadronadas.

Una vez obtenida el arma, los ladrones la usan en beneficio propio o salen a alquilarlas en el mercado negro. Si bien las fuentes policiales consultadas “dicen desconocer los precios actuales”, lo cierto es que en muchos casos la paga del alquiler es un porcentaje de lo robado.

En este contexto, el comisario Eduardo Algaba, de la Brigada de Investigaciones local, desechó la posibilidad de que exista un proveedor externo que se dedique a vender o alquilar armas en San Rafael y confirmó lo contrario: “Hay muchas que se usan en otros sitios de la provincia”.

Es decir que armas robadas en el departamento fueron usadas en robos perpetrados en el Gran Mendoza o en otra parte del territorio provincial.

El RENAR continúa con la política de desarme

“Después del robo de miles de armas del Depósito Judicial en el 2001, el Ministerio de Seguridad cambia el control de las armas que tenía. Existía un descontrol porque no había una política criminal centrada en ejes críticos, como la proliferación de las armas. Aquel sistema de registración le daba garantías al Estado de saber qué policía tenía qué arma, y al policía le daba la responsabilidad de dar explicaciones no sólo sobre el arma que se le asignaba sino también de las balas que le daban. Después de eso hubo un claro retroceso en ese control”, comienza diciendo Martín Appiolaza, quien actualmente es asesor de seguridad pública y supo idear con Gabriel Conte el conocido plan de desarme, que suponía también el canje de armas con la idea de sacar de circulación las miles de armas que circulaban en el mercado ilegal a principios de la década pasada en Mendoza.

Paulatinamente varias personas canjearon pistolas, revólveres y hasta escopetas, probablemente las que no funcionaban, por un monto que variaba entre los $100 y los $450. “Después fijamos los depósitos para la Justicia de armas, más una acordada en donde se las destruía. Con el paso de los años se acumularon unas 6.000 armas, que se destruyeron hace dos años”, recordó Appiolaza, quien agregó que desde el 2006, “a través de una política impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, el RENAR (Registro Nacional de Armas) toma una política que determina que el tema de armas es de responsabilidad civil, por lo tanto pasa al Ministerio de Justicia, y una política restrictiva del Estado para saber qué embarques de armas y municiones autoriza. Pero esa política nacional no se corresponde actualmente con la política provincial, que fue de negar la problemática”, concluyó.

Efectivos involucrados

En el medio del circuito de venta ilegal figuran varios policías procesados, quienes están acusados de alquilar sus armas reglamentarias a los delincuentes.

Preguntas sencillas

Las pocas preguntas que suelen hacer los entregadores apuntan al calibre que se necesita y si uno quiere el arma cargada. Tan simple como eso.

Cuestión de subsistencia

Hay delincuentes que se promocionan con su arsenal a través de las redes sociales para advertir a las otras bandas sobre el poderío con el que se cuenta.