Sin dudas, el alperovismo se sintió tocado en lo que constituye su mayor caballito de batalla a lo largo de su gestión, como lo es la obra pública. Por ello, tanto el propio Mandatario como los legisladores del bloque justicialista apuntaron todos sus cañones a quien promovió la presentación en los estrados judiciales, el parlamentario del PRO, Alberto Colombres Garmendia.

En tal sentido, ayer el gobernador José Alperovich hizo alusión ante la prensa sobre este tema, y visiblemente molesto sostuvo que, como consecuencia de la medida dispuesta por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa "2000 personas quedaron sin trabajo y 1000 personas se quedaron sin casa".

Paralelamente, cuestionó el proceder de los refractarios a su gobierno al indicar que "son palos en la rueda de la oposición, no es al Gobernador a quien perjudican, sino a la gente, en dar trabajo a la gente, la oposición no quiere que den trabajo, era una contratación directa para 10 empresas tucumanas", lanzó Alperovich, quien a lo largo de su gestión vino esquivando las licitaciones públicas de manera sistemática, a pesar de que estas están contempladas en la Constitución Provincial.

En esta misma línea, el presidente de la Comisión de Obras Públicas y uno de los principales defensores de la norma en cuestión (aprobada en noviembre de 2012), José Teri, también tuvo manifestaciones tendientes a criticar la actitud encarada por el macrista.

"Obviamente, las personas que hacen estas presentaciones, diría que se den una vueltita y conozcan un poquito lo que es el interior de la provincia antes de presentarse a la justicia, y vean la problemática que tenemos, pero que desde el 2003 a la fecha que les venimos solucionando a miles de ciudadanos", destacó.

El justicialista comentó que mantendría una reunión en la Fiscalía de Estado con una serie de asesores para determinar los pasos a seguir, ya que se analizan dos alternativas posibles para tratar de echar por tierra la disposición de la justicia. Por un lado, se elevaría un planteo apelando la sentencia contraria a los intereses del Poder Ejecutivo o bien se derogaría la polémica ley para dar paso al dictado de una nueva norma que comprenda las disposiciones cuestionadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

"Pero lo que se resuelva, se hará de forma rápida porque la gente necesita la solución, no podemos esperar un año u ocho meses", expresó Teri.

Al momento de argumentar favorablemente respecto a la aprobación de la ley, el oficialista indicó que "la contratación directa existe en la ley de Obra Pública en el artículo 12, aquella persona que quiera hacer creer a la sociedad de que esto no existe, es mentira. Pasa que acá hay algo que es político puesto que se acercan las elecciones. Justamente a quien no gusta esto es a la gente del PRO. Es lindo ser opositor, pero con una oposición constructiva, pero con esta oposición destructiva tendremos un atraso en la gestión", consideró.

Por su parte, la respuesta de Colombres Garmendia a las acusaciones y críticas lanzadas por el alperovismo, no se hizo esperar. De esta forma, el referente del PRO en el recinto del Parlamento aseveró que "es lamentable que el Gobernador, a través de sus legisladores, diga que hacer respetar la Constitución es poner palos en la rueda. A lo único que pretendo ponerle palos en la rueda es a la corrupción de este Gobierno y a los sobreprecios que pagamos todos los tucumanos cada vez que hay contratación directa", lanzó.

Paralelamente, Colombres Garmendia indicó que "la gente no es tonta, sabe que al haber sobreprecios alguien se está llevando la plata que se debería destinar a construir viviendas dignas para los tucumanos. La licitación pública significa más viviendas y de mejor calidad para la gente. Resulta muy irónico que quien sostiene que yo no tengo 'ningún interés por los más humildes' sea justamente quien fue vicegobernador de Tucumán cuando los niños se morían de hambre", en alusión a Alperovich cuando formaba parte de la gestión de Julio Miranda.

Además, y ante el anuncio del alperovismo de que modificará la ley de contrataciones directas objetada por el Poder Judicial mediante una medida cautelar, Silvia Elías de Pérez opinó que "se trata de una estrategia para evitar un nuevo papelón, pues pretenden que el planteo devenga en abstracto".

Según expresó la parlamentaria radical "la Fiscalía de Estado apelará la cautelar en la que se deja expresa constancia de la gravedad institucional que significa el hecho de que el gobierno se aparte del principio constitucional de la licitación pública. Con esto intentará ganar tiempo para modificar la ley e intentar que parezca que el Poder Judicial no se pronunció en contra sobre el fondo de la cuestión".