“Vamos a hacer lo que diga la Constitución. En estos 11 años siempre se hizo lo que dicen las leyes”, manifestó el lunes el titular del Poder Ejecutivo (PE) al ser consultado sobre la cobertura del cargo. Sucede que la Carta Magna -en el artículo 101, inciso quinto- establece entre las atribuciones del PE la de nombrar al ministro fiscal.

Desde que De Mitri presentó su dimisión condicionada a la obtención del beneficio del 82% móvil (el 21 de mayo), diversos sectores de la oposición cuestionaron el modo en el que se designa al titular de ese puesto.

Petitorio y proyectos

En ese contexto, el Acuerdo Cívico y Social (ACyS) lanzó el lunes una campaña para reunir “100.000 firmas por una Justicia Independiente”. En el petitorio se incluyeron tres puntos: solicitar que el cargo vacante se cubra por concurso; requerir una audiencia pública para los eventuales postulantes y reclamar al gobernador que no designe a “un familiar, amigo, funcionario o legislador” como jefe de los fiscales penales.

“Una justicia independiente con un ministro fiscal que no responda al Gobierno es clave para terminar con la corrupción. La decisión que Alperovich tiene en sus manos es clave: o se asegura impunidad o se garantizan fiscales que investiguen todos los delitos que involucran a los poderosos”, manifestó el diputado radical José Cano. El acto se realizó en la plaza Yrigoyen, frente al Palacio de Tribunales, y la primera rúbrica del documento fue la de Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en 2006 y cuyo caso sigue impune.

Los legisladores de ese espacio Fernando Valdez, Federico Romano Norri, Roberto Sánchez y Ariel García habían presentado un proyecto de ley mediante el que solicitan que la designación del ministro fiscal se realice mediante un concurso público, del que tomará parte el Consejo Asesor de la Magistratura, y que deberá contar con el aval de la Legislatura.

Una iniciativa similar para modificar el sistema de cobertura había impulsado el parlamentario Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). “Queremos que los postulantes se sometan a una crítica ciudadana”, había explicado el opositor.

A estos proyectos se sumó en las últimas horas el de José Páez (Democracia Cristiana). Consideró también que la preselección debe efectuarse mediante un concurso público y con un mecanismo de audiencia pública que cuente con la participación de organismos académicos y científicos y organizaciones sociales.

De Mitri ocupa esa oficina desde hace 13 años -por decisión del ex gobernador Julio Miranda- y recién cesará en sus funciones cuando la Anses habilite el pago de la jubilación.