El gobernador José Alperovich adelantó ayer que el Poder Ejecutivo recurrirá en casación la sentencia judicial que declaró nulo el decreto mediante el cual le rechazó la renuncia a Emilio Herrera Molina, uno de los tres jueces del caso Verón.

"Apelaremos el fallo", confirmó el Mandatario tucumano, dejando una vez más en evidencia su decisión de no contrariar a Susana Trimarco, quien en diciembre último presentó un pedido de destitución contra Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, luego de que estos absolvieran a los 13 acusados por el secuestro de su hija Marita.

El martes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la firma de los jueces Rodolfo Novillo, Carlos Giovaniello y Ebe López Piossek, declaró nulo el decreto firmado por Alperovich en febrero mediante el cual le denegó la dimisión a Herrera Molina.

El fallo le ordena al Poder Ejecutivo que emita un nuevo decreto, en un plazo de 72 horas y teniendo en consideración el estado de salud del magistrado, quien padece una enfermedad oncológica y así se lo había hecho saber al Gobernador cuando presentó su renuncia.

Por otro lado, los jueces advirtieron en su sentencia que el propio fiscal de Estado de la Provincia, Jorge Posse Ponessa, había emitido en enero un dictamen sugiriendo que se acepte la renuncia de Herrera Molina para que pueda jubilarse con el 82 por ciento móvil, el cual no fue tenido en cuenta.

A partir de la decisión adoptada por Alperovich, ahora el mismo Posse Ponessa deberá encargarse de apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por la vía de la casación, en un plazo de cinco días hábiles que comenzó a correr el martes, cuando fue notificado el mismo.

Incertidumbre

El escrito de los jueces Novillo, Giovaniello y López Piossek generó incertidumbre, tanto al Gobierno como a los abogados de Herrera Molina, puesto que le ordena al Ejecutivo a dictar un nuevo decreto, ajustándose a las consideraciones del fallo, en un plazo de 72 horas corridas que comenzó a correr ayer mismo y vence este viernes al mediodía. Como ayer el Gobierno no presentó ante el Tribunal dicho documento y teniendo en cuenta que hoy y mañana son días inhábiles en el Poder Judicial, por los feriados de Semana Santa, cuando el PE recurra por vía de casación, la próxima semana, su planteo podría devenir en abstracto, debido a que ya habrá vencido el plazo para el cumplimiento de la sentencia.

En el Poder Ejecutivo consideran que el único plazo legal a tener en cuenta respecto a la sentencia de marras es el que vencerá a fines de la próxima semana, cuando se cumplan los cinco días hábiles desde la notificación de la misma.

En cambio, los abogados de Herrera Molina entienden que el fallo habría quedado firme ayer mismo, puesto que fue el último día de labor en la Justicia previo al parate por el fin de semana largo, y que, por lo tanto, el Gobierno estaría incurriendo en una desobediencia judicial al no cumplir con la sentencia que le ordenaba emitir un nuevo decreto.

"Lo mejor que puede hacer el Gobernador, al margen de cualquier especulación sobre los plazos procesales, es cumplir la sentencia y aceptar la renuncia del doctor Herrera Molina. El dijo públicamente que es respetuoso de la Justicia y de los fallos, pero no lo hace. No cumple con su palabra, ni con las leyes ni con la Constitución. Si hubo desobediencia ante una sentencia de la Justicia, lo vamos a denunciar penalmente", anticipó a EL SIGLO el abogado Arnaldo Ahumada, uno de los abogados del magistrado.

Cómo sigue el proceso en la Legislatura

Mientras tanto, y a menos que el PE decline su postura y acepte la renuncia de Herrera Molina, la Legislatura tiene vía libre para seguir adelante con el proceso de destitución promovido por Trimarco contra Herrera Molina.

Está previsto que los miembros de la comisión de Juicio Político se reúnan el miércoles próximo, tras el fin de semana largo, para resolver si acusan a los jueces que absolvieron a los acusados de secuestrar a Marita Verón o si archivan el planteo promovido por Trimarco.

En caso de que definan avanzar con el proceso, para lo cual se necesitan los dos tercios de los votos (a la comisión la integran 11 alperovista y un opositor: Ricardo Bussi), el planteo será elevado al Jury de Enjuiciamiento.