“Niego categóricamente cada uno de los cargos. Como siempre, estoy a disposición de la Justicia”. El secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP), Darío Almaraz, rechazó anoche en una conferencia de prensa las acusaciones en su contra que efectuó el opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB). El jueves, José Cano y Domingo Amaya- fórmula para la gobernación de ese espacio político- habían denunciado en la Justicia Federal a Almaraz como presunto miembro de una asociación ilícita destinada a concretar un supuesto fraude electoral. Habían consignado que habría sido “cómplice del PJ” y “un chanta”. 

“Como secretario de la JEP y como persona vengo siendo sometido a una campaña de hostigamiento, que va in crescendo. Comenzó con un reproche en la Secretaría, siguió con afiches y pegatinas. Y ahora otra denuncia. No seré el Nisman político de Tucumán. Jamás he sido un chanta. No tengo un día de inasistencia a mi trabajo”, lanzó el funcionario en el galpón donde se efectúa el escrutinio definitivo. Al ser consultado sobre su alusión al fiscal federal fallecido Alberto Nisman, añadió: “quiere decir que no cargaré con responsabilidades. Hice mi vida personal en base a esfuerzo, voluntad y apego al trabajo. Nunca decaeré en este trabajo. Me refiero a que no me inmolaré laboralmente”. Luego, apuntó contra Cano y aseguró que, a diferencia de este, no posee “fueros parlamentarios para salir a hablar cualquier cosa”.

Escándalo por las cámaras

Almaraz se refirió también al escándalo derivado de un informe que la JEP remitió a la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se tramita otra de las denuncias del ApB. En los escritos de la JEP, Gendarmería da cuenta de que parte de las grabaciones que debían registrar el movimiento de las urnas en el edificio de la Junta se habían dañado. 

“No esta comprobada la pérdida de las imágenes. Gendamería puso a disposición técnicos que vinieron para hacer un barrido forense”, aseguró. En relación a la empresa santiagueña que fue contratada para instalar las grabadoras, negó habérsela indicado o sugerido a Gendarmería. “Lo que sí solicite a la fuerza, como un adicional, fue que contratara las cámaras. También se había hecho en 2011”, recordó. Añadió que, por el monto que se abonó ($18.000), la JEP no podría haber tomado el servicio sin antes efectuar un cotejo de precios o una licitación, tal como establecen las normas. “Jamás conocimos, hasta el día 1 de septiembre, cuál fue el modo en el que Gendarería había contratado el servicio”, deslindó. Comentó que no accedieron a las imágenes que pudieron ser rescatadas de los discos rígidos por la empresa contratada, porque las entregaron a la Justicia inmediatamente las tuvieron.

Por último, sostuvo que Gendarmería le informó que “no hubo ni un momento en que las urnas hayan estado sin control”.