Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con orden del Juzgado Federal 1, allanaron tres domicilios y se ordenó además la inhibición de bienes de todas sus “supuestas” empresas, y de su persona, quedando a un paso de la posibilidad de volver a prisión.

La investigación por evasión se inicia por una denuncia efectuada por una víctima de sus ventas, supuestamente fraudulentas, efectuadas en Finca Valdivia.

En la oportunidad se secuestraron además de documentación y computadoras, dinero en efectivo que alcanzaba la cifra de 325 mil pesos y algo menos de 800 dólares.

La mujer hizo la denuncia ante la AFIP, organismo que al corroborar datos en la Dirección de Inmuebles descubrió que en la misma situación que la denunciante, existen 87 personas más que compraron de buena fe su terrenos en cuotas, en el supuesto loteo, donde ya se levantaron algunas casas, terrenos que nunca podrá acceder a la escritura para dar legalidad, entendiendo los embargos que pesan sobre el inmueble.

Con la documentación secuestrada, el organismo de recaudación, deberá evaluar el monto de la evasión, la que hasta el momento se supone podría superar los cuatro millones de pesos.

La causa que enfrenta desde el día de ayer es “evasión agravada por el uso de interpósitas personas, falsificación de documento público y privado, con la utilización de identidades falsas”.

Con esa carátula se inhiben las empresas off shore, creadas en Uruguay con las que opera, Wolsing SA, Motherflor SA y Sergay SA, además de las locales, Ing. Jorge Federico B. Méndez y Compañía SA, Ediciones Florencia SA, Sofía S.A y Haendel S.A.

Los 87 boletos de compra-venta estarían firmados, según las fuentes consultadas, por él mismo haciéndose pasar por escribano. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que una de las empresas off shore, tienen como presidenta a una mujer ya fallecida.