Se conoció ayer un dato surgió tras un pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien requirió la información a la entidad bancaria santacruceña. Desde el juzgado de Casanello se confirmó además que el magistrado llamará a declarar a Federico Elaskar y Ricardo Fariña, quienes inicialmente revelaron detalles al periodista Jorge Lanata, de lo que sería una red de lavado de dinero.

Acerca de las cajas de seguridad, se supo que el Fiscal Guillermo Marijuan pidió que se efectuaran allanamientos para determinar el contenido de las cajas, por lo que podría haber procedimientos en distintas sucursales del Banco Santa Cruz.

Mientras avanza la investigación, también se conoció ayer que el fiscal recibió una nueva amenaza ( la tercera denunciada) que buscaría amedrentarlo para que no siga adelante con el caso, que no solo involucra al empresario y a financistas, sino que además salpica al gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y a funcionarios actualmente en gestión.

Según la información dada a conocer se ha sumado nueva información a la causa sobre Báez.

Las fuentes judiciales mencionan que entre los años 2007 y 2011 el empresario santacruceño compró de manera legal 11 millones de dólares y sólo entre 2007 y 2008 renovó un plazo fijo en 55 ocasiones por cifras millonarias.

El análisis de estas operaciones, comparadas con la facturación de las empresas y las declaraciones juradas impositivas, puede dar una idea de si hubo una cantidad de dinero “sobrante” que pudo haberse sacado del país de manera ilegal, reveló el portal Infobae.

Con esta información, Marijuan hizo un requerimiento de más de 60 medidas, que incluirían la apertura de las cajas de seguridad Báez.

Además le pidió a Casanello que solicite a autoridades bancarias de Suiza información sobre la cuenta de la firma Teegan INC, perteneciente a Martín, el hijo de Báez, basada en el banco Lombard Odier donde se habrían depositado al menos 1,5 millones de dólares. Mediadas de control y pedidos de información similares partieron para Uruguyan en donde se sospecha de la compra de campos, y que se investigue un aporte de 254 millones de pesos realizado en Austral Construcciones por parte del Fideicomiso de Inversiones Trasnacionales Agrupadas con sede en Montevideo, Uruguay. Vale mencionar que todas estas medidas apuntan a reunir elementos probatorios en la causa por presunto lavado de dinero.