Por: Hernán de Goñi
Los empresarios habían terminado 2010 con muchas expectativas. Los mensajes que recibieron de parte de la presidenta Cristina Kirchner a favor de instalar un acuerdo social que permita moderar la carrera entre precios y salarios fue una promesa alentadora, al igual que el compromiso de ponerle un punto final a la industria del juicio.
La falta de avances en estas materias los está convenciendo, poco a poco, de que lo que prometía ser un giro importante en materia de incentivos a la inversión, se está diluyendo en el continuismo que suele atrapar a los gobiernos. Los privados no han recibido nuevos mensajes oficiales. Y por eso se atienen a los gestos que se van haciendo públicos para sacar conclusiones. El diálogo social se cayó de la agenda, y el Gobierno comenzó a buscar gremios que estén dispuestos a firmar paritarias razonables. En el camino, se conoció la designación de jueces laborales con vínculos visibles con los jefes de la CGT, y el pago en cuotas de $ 1000 millones destinados a financiar a las obras sociales.
Ante tantas escenas de peronismo explícito, a los hombres de negocios les queda claro que la alianza con Hugo Moyano está siendo reforzada. Lo que aún no saben es si les tocará algún beneficio, como sería en el caso de que se avance en una moderación salarial, o si será puro costo.
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