Una encuesta revela que la mayoría de los fueguinos se opondría tanto a un incremento de los aportes previsionales como a un aumento de la edad mínima jubilatoria

El legislador de Encuentro Popular, Manuel Raimbault, se pronunció ayer a favor de rediscutir el sistema jubilatorio fueguino para evitar su colapso, y para ello consideró necesario tanto la derogación del régimen de los “25 inviernos” como el análisis de las jubilaciones anticipadas otorgadas por la ley 460, que en su mayoría beneficiaron a un grupo de ex jueces provinciales.

Según Raimbault, en ambos casos se crean situaciones de privilegio que están prohibidas por la Constitución, además de generarse una serie de “inequidades insostenibles”.

La polémica por el régimen previsional se reavivó ayer a partir de la publicación de EDFM sobre el “Festival de las jubilaciones VIP en Tierra del Fuego”.

“El derecho a los sistemas de seguridad social se traduce en cualquier jurisdicción (nacional o local) como el principal mecanismo de redistribución del ingreso. Y desde esa perspectiva, el sistema fueguino es absolutamente injusto, porque todos tenemos que aportar para que un grupo de privilegiados tenga un buen pasar”, explicó el legislador. Y agregó que “para sostener este sistema injusto hace falta que todos los fueguinos transfieran a la Caja 1000 millones de dólares que se transforman luego en postergación de obras de vivienda, agua potable, educación y otros derechos elementales”.

Aludiendo a los privilegios previsonales, Raimbault afirmó que “a los 45 años una persona sea considerada vieja, desafía hasta la ley de gravedad. Los sistemas previsionales se crean para proteger contingencias humanas, como la vejez, la invalidez y la muerte. Si uno le da una jubilación a una persona de 45 años, no protege ninguna contingencia humana. Se están llevando la plata las mismas personas que además luego salen a trabajar en otros lugares”, detalló el referente de EP.

El parlamentario consideró que el actual sistema jubilatorio lleva a despropósitos de todo tipo, como por ejemplo que “algunas personas se están jubilando antes que sus propios padres”.

“Existe un principio de solidaridad intergeneracional. Las generaciones jóvenes sostienen a aquellas que han dado toda su vida al trabajo para que puedan transcurrir su vejez sin sobresaltos. Pero si una generación intenta evadir eso y se jubila antes de que lo hagan sus padres, está cometiendo una estafa”, enfatizó.

El legislador cuestionó que en la última sesión legislativa se haya resuelto transferir el producido de la industrialización de gas de regalías al IPAUSS en lugar de afectarlo a obras de infraestructura.

“Todo el esfuerzo que hace Tierra del Fuego para empezar a agregarle valor a la renta petrolera termina llevándoselo el grupo de ex jueces jubilados por la 460, o gente que ni vive en la provincia y cobra 45 mil pesos mensuales”, criticó Raimbault.

En el mismo sentido, el funcionario aludió a un “verdadero pozo ciego donde se envían fondos para sostener a un grupo de privilegiados”, y que nadie quiere discutir para “no poner en riesgo sus propias jubilaciones”.

“Para que este sistema pueda mantenerse, el Estado provincial tendría que ingresar 10 mil nuevos empleados públicos, lo que terminaría fundiendo al propio Estado. Por eso cuanto antes debatamos estas modificaciones, primero vamos a desactivar esta bomba que es el sistema previsional”, indicó el legislador.

Encuesta de la consultora Vox Pópuli en Ushuaia y Río Grande

La mayoría se opone al aumento de la edad jubilatoria

Una encuesta realizada por la consultora Vox Pópuli y difundida anoche por el programa Político de canal 11 reveló que un 61,8% de los encuestados en ambas ciudades está en desacuerdo con aumentar la edad mínima de jubilación en la Provincia, mientras que un 38,2% está de acuerdo.

Por su parte, un 73,8% se opone a incrementar el porcentaje del aporte salarial al IPAUSS, y sólo un 26,2% avalaría esa medida.

La encuesta telefónica realizada entre el 1 y 3 de abril comprendió 301 casos efectivos (entre Ushuaia y Río Grande) todos usuarios de la Obra Social del Estado y residentes en Tierra del Fuego.

En relación a la crítica situación que atraviesa el IPAUSS, un 37,2% la atribuyó a fallas en el directorio del Instituto, mientras que un 34,2% la adjudicó a la falta de pago del Estado y un 28,6% a la falta de decisión política.

En tanto, un 7 % de los encuestados calificó de “muy buena” la atención del IPAUSS y un 16,3% la calificó de “buena”, al tiempo que un 36,2% la tildó de “regular”, un 21,6% de “mala” y un 18,9% de “muy mala”.