La Suprema Corte bonaerense lanzó una nueva advertencia a los tribunales inferiores para que aceleren la destrucción de las armas que son decomisadas. Aplicarían sanciones si no se cumple la orden. Esta medida se produce en momentos en que existe una creciente preocupación por el mercado negro de armamento en la Provincia y sus vínculos con la inseguridad.
Ante este panorama, ayer la Suprema Corte bonaerense realizó un llamado de atención. Y emplazó a todos los tribunales provinciales para que, antes de fin de mes, remitan todas las armas decomisadas en el marco de juicios con sentencia firme, para que el ministerio de Justicia proceda a su destrucción. En caso de no cumplir con esa orden, los responsables de los tribunales inferiores serían sancionados.
Mediante la resolución 1/10, el máximo tribunal provincial recordó que el 4 de noviembre pasado había dispuesto "medidas para la implementación del convenio suscripto entre la Suprema Corte de Justicia y el ministerio de Justicia de la Provincia, para el retiro y destrucción de armas decomisadas". Aquella iniciativa establecía un plazo de 20 días para que los tribunales remitieran las armas decomisadas pero, "a pesar del tiempo transcurrido y del plazo establecido, no se cumplimentaron las previsiones", sostiene el documento.
"La Procuración General ha puesto en conocimiento que del total de las armas secuestradas y depositadas en las Areas de Efectos, sólo del 5% de ellas se cuenta con información fehaciente para proceder a su decomiso", especifica el texto. "Se torna inexcusable que los señores jueces, en coordinación con las fiscalías, adopten -con la urgencia que el caso requiere- los recaudos pertinentes para dar cumplimiento a lo normado, a fin de posibilitar la concentración de las armas y efectos decomisados para su retiro y posterior destrucción", sostuvo la Corte provincial.
La resolución emplaza la entrega de las armas decomisadas hasta el día 28 de febrero próximo y advierte que en caso de incumplimiento dará "intervención de la secretaría de Control Judicial" para que adopte eventuales sanciones.
El ministerio de Justicia bonaerense dispuso iniciar la recolección, depósito y destrucción de armas por los departamentos judiciales de Bahía Blanca, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Necochea, Quilmes, San Isidro y San Martín.
La orden del máximo tribunal bonaerense no es casualidad. Se produce existiendo un mercado negro de armamento, en constante crecimiento en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el especialista en seguridad, Luis Vicat, le dijo a Hoy que "hay 1,2 millones de armas que se encuentran debidamente registradas, en el Renar, cuando en el mercado negro se estima que hay más de dos millones".
"La resolución que adopta la Corte es correcta, ya que se han producido varios casos donde las armas decomisadas desaparecen de los depósitos judiciales o policiales. Incluso se han robado depósitos militares. Luego terminan comercializándose en el mercado negro", dijo Vicat. En nuestra región, en los últimos años se produjeron varios hechos de este tipo (ver aparte).
Días atrás, Trama Urbana publicó un informe que da cuenta de que, en 2009, se destruyeron 51.672 armas de fuego en el marco del Plan Nacional de Desarme Voluntario. Este plan se fundó a partir de la iniciativa de diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y de familiares de víctimas de la delincuencia que consideraban necesario que el Estado se hiciera cargo de un desarme civil y "pacificara así a la sociedad toda".
Mas allá del voluntarismo, aún resta mucho por hacer dado que el número de armas recuperadas es ínfimo en relación a la cantidad de armas que circulan en el mercado negro.
"El otro problema es el lugar donde se guardan estas armas. Muchas veces los delincuentes utilizan casas de personas mayores o lugares que, a priori, se hacen muy difíciles de detectar. El Conurbano es una región donde las armas no registradas se consiguen con facilidad", dijo Vicat. Y señaló que el uso de éstas, por lo general, sigue dos vías: se alquilan o se venden.
Según fuentes consultadas por Hoy, el precio varía de acuerdo al uso que se le haya dado: por ejemplo "un fierro caliente" (como suele denominarse a un arma que fue usada en un hecho delictivo reciente) cuesta alquilarla entre $ 200 y $ 300, en caso de tratarse de un revtlver calibre 32 o 38. En tanto, una 9 milímetros cuesta alrededor de $ 500 en el mercado informal.
"El Estado debe tener un control razonable"
Ricardo Río, presidente del Foro por una Argentina sin Armas Legales, le dijo a Hoy que "es sabido que los delincuentes usan, por lo general, armas viejas". Y agregó: "Por suerte nosotros no tenemos el problema que tiene Brasil, Paraguay o Colombia, donde hay narcoguerrillas, y eso alimenta el ingreso de armas al país".
También sostuvo que "nosotros creemos que el Estado debe tener un control razonable de las armas. Por ejemplo, si un delincuente tiene un arma nueva, no puede comprar balas o municiones; porque cuando las va a comprar le piden la autorización, o le exigen que registre cuántas balas se lleva y para qué las va a utilizar. Igualmente hay que reconocer que hay armas no registradas en los diferentes suburbios que son usadas por la delincuencia".
Río reconoció que "los delincuentes se nutren de armas robadas a las fuerzas de seguridad, como así también de asaltos a los juzgados".
El especialista también alertó que en el interior del país hay "mucha gente que tiene armas y no las registra por una cuestión de que no tienen los medios al alcance para hacerlo. Es muy común que un jornalero tenga una carabina 22 milímetros, y la use para cazar los animales que después come".
Los requisitos básicos para obtener un arma son: tener 21 años de edad, inexistencia de antecedentes penales, demostrar un medio lícito de vida, ser una persona apta física y psíquicamente; ser idóneo en el manejo del arma -para eso se rinde un examen ante el Estado-, tener conocimiento de las leyes, justificar para qué quiere usar el arma y explicar detalladamente en qué lugar va a ser guardada.
"Ha habido muchos casos de gatillo fácil de gente que no tenía sus armas registradas y que no estaban autorizadas. Si uno tiene un arma, el Estado debe saber que la tengo, para qué la tengo y cómo la tengo. En 1993, la registración de armas era voluntaria, y hoy se exigen todos los requisitos. En 1990, había 3.590 armerías y hoy hay 650", afirmó Río.
Robo de armas en dependencias judiciales
Tres preocupantes antecedentes
13 de mayo de 2006: en un procedimiento minucioso, audaz y pensado hasta el detalle, 42 armas de gran calibre fueron robadas de un depósito de los Tribunales de La Plata. También, se llevaron dinero. El arsenal y el dinero eran parte de las pruebas reunidas en distintos casos y estaban bajo custodia del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata.
Los ladrones hicieron una selección del botín y actuaron durante días sin ser detectados. Parece que conocían muy bien los movimientos del personal. Además, dejaron armas deterioradas o de escaso poder de fuego
1º de septiembre de 2005: las autoridades de la Suprema Corte de Justicia bonaerense se vieron alteradas por un insólito robo cuando constataron que habían desaparecido cientos de armas que estaban bajo su custodia en un depósito de La Plata.
El tema fue descubierto porque el Tribunal de Morón reclamó unas armas de fuego que debían estar en el depósito de la Suprema Corte. Pero cuando las fueron a buscar se dieron cuenta de que no sólo faltaban ésas, sino también otras. En total habían desaparecido 140. Inmediatamente, el tribunal denunció el hecho ante la Justicia Penal, y solicitó que se investigue la presunta comisión del delito de "malversación de fondos sujetos a la administración y custodia (peculado)".
20 de abril de 2004: treinta armas de diverso calibre y poder de fuego desaparecieron misteriosamente entre los efectos secuestrados por el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, cuyas dependencias se encuentran emplazadas en el fuero penal de 8, entre 56 y 57. El caso fue denunciado por el presidente de ese tribunal, Omar Luis Pepe. Las armas en cuestión habían sido incautadas en distintas investigaciones judiciales que se tramitaron en las fiscalías de instrucción de nuestra ciudad y aguardaban para ser ventiladas en juicio oral y público.
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