Hasta ahí la batalla política. Después viene el efecto concreto de la legislación sobre la vida de las personas. Parece sensato que las prepagas consideren de modo más benévolo a quienes tienen enfermedades y quieren asociarse a una empresa de medicina privada, del mismo modo que incluyan entre sus pacientes a mayores de 65 años a los que hoy no se les permite afiliarse a esa edad.

Pero el buen funcionamiento de la medicina privada y el beneficio económico que logran sus empresas más rentables no debe ocultar que este negocio creció al calor del déficit de la salud pública. Los argentinos buscan en las prepagas lo que no les asegura el Estado y tampoco algunas de las obras sociales sindicales, cuyo servicio está muy por debajo de las necesidades de sus afiliados. La ley sancionada anoche no servirá para nada si la salud no pasa a ser una prioridad del Gobierno actual y del que lo suceda en sólo seis meses.