“Lo que sí no me sorprende es que nuevamente, como hace varios años, los interesados debamos enterarnos de las acusaciones de fiscalía por medio de la prensa mercenaria, comandada por Néstor Gauna, director de Nuevo Diario. Gauna ha sido sin lugar a dudas el enviado permanente de fiscalía, para dar a conocer noticias criminis o dar a conocer noticias que son total y absolutamente secretas dentro del ámbito judicial, pero él tiene sus maneras de adentrarse en eso y bueno, algún día deberá responder respecto a estas cuestiones”. 

En una entrevista radial, con Héctor Ali, de Fm Aries, Sosa trató de sembrar dudas en torno a la labor de prensa, sobre todo cuando se informa acerca de las causas que la Justicia investiga por supuestos hechos de corrupción denunciados en contra del ex gobernador, Juan Carlos Romero, sus familiares y ex funcionarios de su gestión.

Al ser interrogado sobre su participación en las maniobras que se llevaron adelante para sacar del patrimonio de la Provincia 90 hectáreas que habían sido adquiridas para la construcción de viviendas sociales en La Ciénaga, el abogado terminó por reconocer su amistad personal con dos de los principales acusados en la causa.

Sosa dijo ser amigo de Romero, aunque luego intentó corregirse al sostener que esa amistad no era íntima, pero “tengo muy buen trato”. En la promoción penal que dejó al abogado imputado en la causa, el fiscal penal 9, Rodrigo González Miralpeix, sostuvo como muy importante el estrecho vínculo del ex gobernador con el letrado.

Sosa negó haber atendido a Romero en cuestiones civiles, no obstante, se pudo saber que en realidad el abogado representó al ex gobernador en cuestiones civiles, como ser querellas y acciones civiles resarcitorias.

Trascendió que la fiscalía presentó pruebas de la actuación de Sosa en representación de Romero en causas civiles planteadas por pedido del ex gobernador en contra de Agustín Tuysuz y Julio Reifemberg, entre otros. Estas acciones judiciales fueron entre los años 1997 y 2004.

Para la fiscalía, Romero es considerado “autor mediato” en las maniobras que se llevaron adelante y que permitieron la enajenación de las tierras de La Ciénaga, las cuales pasaron del Programa de Familia Propietaria a Agustoni, para luego terminar en el patrimonio de Estancia El Carmen S.A., sociedad que las adquirió por un valor de 100 mil pesos, un precio irrisorio respecto a los valores que se manejaron en estas operaciones denunciadas como corruptas.

Mi amigo,  “testaferro”

Al ser interrogado sobre José Luis Agustoni, otro de los imputados en la causa de La Ciénaga, Sosa tampoco pudo evitar reconocer el lazo con este. “José Luis Agustoni es mi amigo, y es un amigo permanente y es una persona que lo he asesorado en forma también permanente”, sostuvo.

Agustoni, según la hipótesis criminal, cumplió un rol de “testaferro” en la operación, pues era propietario de 11 hectáreas en la zona de barrio La Loma, en los terrenos del Ejército. Agustoni, según la fiscalía, fue contactado por Sosa para presentarse en el Instituto Provincial de la Vivienda y ofrecer en venta ese terreno.

La oferta de por sí fue llamativa, pues no existían personas que se acercaran a ofertar sus terrenos, tal es el caso que no se pudo constatar que antes y después haya sucedido algo similar. Lo más curioso es que el gobierno de Romero ofreció pagar a Agustoni una suma cinco veces mayor de la pagada por Juan Esteban Romero (también imputado en la causa), presidente de Estancia El Carmen S.A.

También resultó curioso que las tierras fueran vendidas por el IPV, cuando el terreno estaba en la órbita del Programa Familia Propietaria, a cargo del fallecido Héctor Alexandrowicz, concuñado del ex gobernador. Lo más llamativo, sin embargo, fue el hecho de que como parte de pago la Provincia, gobernada por Romero, entregó a Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga.

También descartó la teoría conspirativa de Guillén

En sus expresiones respecto a la causa, Sosa dejó en evidencia ayer la existencia de una interna dentro de los que asesoran a Romero al momento de llevar adelante la defensa penal del ex gobernador, pues el letrado desechó la estrategia elegida por su colega, Oscar Pedro Guillén, quien defiende actualmente al senador nacional.

Guillén, en sus últimos planteos realizados para evitar que Romero preste declaración indagatoria, sostuvo como eje central la existencia de una conspiración judicial dirigida por cierto sector del poder político. Al respecto, Sosa se mostró en desacuerdo.

“Eso lo afirma Guillén, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Guillén”, dijo el letrado, aunque sí opinó que habría alguna “confabulación” de parte de la Procuración General, y apuntó a su actual titular, Pablo López Viñals. No obstante, agregó que “de ahí a que todo el sistema judicial esté (confabulado), no, no es así. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación”.

Esta declaración dejó, de alguna manera, descolocado a Guillén, pues Sosa se presentó como un amigo personal de Romero con un muy buen trato, como lo sostuvo en sus declaraciones, sin embargo, su asesoramiento parece no tener eco en el entorno del senador nacional, tal vez, porque su consejo habría sido que Romero se presente a declarar.

Para la Justicia, Agustoni, en su supuesta función de testaferro de Romero, tuvo un rol clave para lograr sacar del Estado provincial las tierras de La Ciénaga. En su reciente promoción, el fiscal Miralpeix sostuvo que la actuación de Sosa en la maniobra fue imprescindible, puesto que como amigo de Agustoni hizo de intermediario de Romero para que se sume a la ejecución de la maniobra.

El fiscal Miralpeix presentó varias pruebas de los vínculos entre Sosa y Agustoni, los cuales ayer fueron confirmados por Sosa, quien negó tener alguna vinculación con la causa de La Ciénaga por el hecho de que Romero y Agustoni no se conocen, sin embargo, para la justicia eso no era necesario, pues ese nexo, según la fiscalía, lo cumplió el letrado. Y por ello, es que fue imputado.