El conflicto se inició cuando el estudio jurídico que representa al padre de una de las ocho víctimas fatales que tuvo el accidente ocurrido el 2 de noviembre del 2011 pidió al STJ que nombrara a un juez para que llevara adelante la investigación y criticó la postura que habían tomado los tres jueces de instrucción en lo Penal y Correccional de la ciudad de San Luis, que se excusaron bajo distintos argumentos.

La ministra Novillo, tras esas expresiones, criticó con dureza a los abogados: “Acá hay una intencionalidad. No me acuerdo si estos abogados estaban en esa movida, pero me acordé cuando pedían la intervención del Poder Judicial de San Luis. Entonces, evidentemente es una cuestión malintencionada. Todos tienen derecho a hacer críticas, pero prenderse de una causa como la de Zanjitas, que le duele en el corazón a cualquier ciudadano de San Luis, para decir esa mentira, es imperdonable. Lo que han hecho estos abogados es indigno” dijo luego de explicar que la excusación forma parte de los derechos que posee un magistrado para apartarse de una causa.

Ese cruce de declaraciones derivó en que los letrados Roberto Pagano, Jorge Rubén Sosa y José Antonio Capello enviaran cartas documento a la funcionaria judicial “para que ratifique o rectifique sus dichos”, en el comienzo de un proceso que podría derivar en una querella.

La misiva obtuvo una respuesta, que lleva la firma del abogado que eligió Novillo para que la represente, al menos, en este caso. “Quien nos ha contestado las cartas documento en su nombre es el doctor Alberto Rodríguez Saá” confirmó Roberto Pagano.

En la respuesta que recibieron los profesionales del derecho, Novillo – a través de Rodríguez Saá – “nos invita a que desistamos de lo que llama anteproyecto de querella y prácticamente somos los culpables de la causa”.

De todos modos, Pagano no se achicó: “Supongo que vamos a perder en todas las instancias de San Luis, pero tenemos tiempo para ir a la Corte (Suprema de Justicia), que es excelente y enorgullece tenerla”.

Además, dobló la apuesta: “Lo voy a consultar al doctor Ricardo Gil Lavedra (Diputado Nacional, abogado y uno de los jueces que integró el tribunal que condenó, en 1985, a los militares de la última dictadura), de quien tengo el honor de ser amigo”.