Mientras el conflicto con Edesur escala, el presidente Alberto Fernández se reunió esta semana con el country manager de la controlante Enel, el italiano Nicola Melchiotti y le dio un ultimátum para que concreten las inversiones pendientes, que en los equipos técnicos del gobierno estiman en $7.000 millones de pesos.

 

En la reunión participaron el titular del ENRE, Federico Basualdo y el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco. No estuvo presente Pablo Gunning, el operador de la empresa que hace de nexo con los municipios, al que los intendentes consideran "un chanta".

 

 Como explicó este medio, el gobierno ya tuvo contactos con otras firmas interesadas en hacerse cargo del servicio a partir de una eventual licitación internacional que se podría lanzar el año próximo si Enel no ejecuta las inversiones prometidas. Pero aunque se avance en esa dirección, todavía quedan pendientes dos años de gestión de Enel, donde el servicio podría deteriorarse aún más a sabiendas de que podrían quitarle la concesión.

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Es por eso que desde la Casa Rosada resolvieron no romper el diálogo con los italianos y dejar abierta la posibilidad de una continuidad de la empresa, siempre y cuando se aceleren las obras para terminar con la ola de cortes que afecta al sur del Conurbano. "Si en julio estamos sin luz, imaginate lo que va a ser enero", sostienen en el oficialismo.

 

En ese sentido, algunos municipios están proponiendo realizar una auditoría para tener real dimensión del cuadro de situación para poder plantear los pasos a seguir. "Ellos dicen que invirtieron 740 millones de dólares. Yo quiero que se audite con universidades nacionales porque en mi distrito no hicieron nada", destacó a LPO Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Ellos dicen que invirtieron 740 millones de dólares. Yo quiero que se audite con universidades nacionales porque en mi distrito no hicieron nada.

 

"En enero del 2015 firmé un contrato con Edesur ante escribano público en el cual se comprometían a hacer una subestación eléctrica en el municipio. Les cedí las tierras y les di un plazo de cinco años. Este último enero se cumplieron los cinco años y ni siquiera empezaron con la obra, tras cuatro años de incrementos de tarifas", agregó el jefe comunal, que dejó constancia del documento en Twitter.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El problema es que al igual que Gray, la mayoría de los intendentes de la zona sur, el ENRE y el secretario de energía Sergio Lanziani descreen de las promesas de Enel y consideran que el vínculo está roto.

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Para colmo, señalan constantes provocaciones de la distribuidora eléctrica como mandar cuadrillas de sólo dos personas para arreglar cortes en barrios de más de 48 horas, ruptura de veredas sin autorización donde dejan agujeros que tienen que ser reparados por los vecinos para evitar accidentes o bajas de tensión que provocan quemaduras de artefactos en industrias y hogares.

En su balance del primer semestre del año Enel admitió que redujo la inversión un 52 por ciento y lo atribuye al "congelamiento tarifario". Sin embargo, también informa que el año anterior tuvo en el primer semenstre un beneficio neto de 12.267 millones de pesos.

 

En esa línea también aparece el comunicado de Enel en la presentación del balance del primer semestre del año, en el que admite una reducción de la inversión del 52% producto de la pérdida de $2.586 millones.

 

Según la operadora italiana, "el congelamiento tarifario ha privado a las distribuidoras de los ingresos para poder operar normalmente", aunque reconoce un beneficio neto de $12.267 millones en los primeros seis meses del año anterior.