Alberto Fernández reglamentó este martes la ley de zonas frías, que amplía a 3 millones de usuarios la reducción de tarifas de gas en zonas de bajas temperaturas, pero la demora de dos meses en cumplir ese trámite le impidió a los beneficiarios gozar del descuento en las boletas de los períodos de mayor consumo.

La ley fue impulsada por Máximo Kirchner, su compañera de bloque Liliana Schwindt y Alejandro Rodríguez, de Consenso Federal, quien no podía entender la demora en su implementación. "Hace más de un mes que el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Zona Fría para aplicar descuentos en las tarifas de gas domiciliarias. Parece que el Presidente de la Nación, o sus asesores, no tienen ningún apuro en implementarla (o no tienen frío)", se había indignado antes de publicarse el decreto. 

La ley fue sancionada en el Senado el 24 de junio, Enargas informó a las distribuidoras que se prepararan para actualizar las tarifas con las rebajas, pero como la reglamentación no llegó fue imposible aplicarlas. Y como recibieron el aumento del 9%, terminaron pagando más. 

Las regiones que debían beneficiarse y no lo hicieron son Mendoza (hasta ahora el descuento sólo aplicaba en el departamento de Malargüe), zonas de San Juan, Salta, San Luis, centro y sur de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba y Santa Fe. 

Recién percibirán las rebajas en los consumos de septiembre, cuando las temperaturas suben y el calefactor se usa menos. "El problemas es que el beneficio no puede ser retroactivo, porque no se recaudó el dinero que se usa para los descuentos", se indignó ante LPO uno de los legisladores que impulsó la ley. 

Entre ellos no entienden la demora en otro motivo que no sea la desidia. "Esto lo tenía que hacer (La secretaria legal y técnica Vilma) Ibarra y lo demoró por negligencia. El fin de semana los intendentes llamaron a (el jefe de Gabinete Santiago) Cafiero y se destrabó todo", explicaron a LPO.

Es costumbre habitual que los gobiernos preparen las promulgaciones de leyes con beneficios directos y las publiquen al día siguiente de su sanción, por lo que la tardía reacción de Ibarra no encuentra explicación en la práctica.

Sin embargo, el decreto fue firmado además por el ministro de Hacienda Martín Guzmán, celoso de cualquier ley que pudiera ocasionar un costo fiscal. Según los referentes del oficialismo no sería el caso, porque la reducción de tarifas se financia con el aporte a un fondo fiduciario que hacen todos los usuarios con un porcentaje ínfimo de sus consumos. 

Pero en la oposición rechazaron esta lectura durante el debate en comisión, porque sostienen que puede haber un aumento de la demanda de las usinas que incida en los subsidios y aumente el déficit fiscal. Guzmán no opinó, no mandó a ningún funcionario a exponer sobre la ley, pero por alguna razón la reglamentación llegó después de la época de mayor consumo gas. 

El decreto reglamentario tampoco es muy complejo. Sólo delega en la AFIP y la Anses la función de facilitarle al Enargas los datos para identificar a los usuarios que tendrán descuentos de 50%, que son jubilados, beneficiarios de planes sociales y de monotributistas, entre otros. Al resto, se le descontará 30%.

No es la primera vez que se demora la reglamentación de una ley impulsada por los legisladores oficialistas que puede impactar en el fisco. La eliminación de Ganancias a empleados con ingresos menores a 150 mil pesos recién se oficializó cuando el Congreso aprobó la reforma de ese impuesto para las empresas, que contemplaba aumentos para las más grandes. Pareció un toma y daca Guzmán. Otro más.