La industria conservera nacional, resumida en media docena de empresas que todavía sobreviven entre las calles del puerto marplatense, históricamente se sustentó en dos zafras: la de caballa, el nombre que se imprime en las latas, o magrú, como también se lo denomina en los muelles, y el de la anchoíta, materia prima para enfrascar o cocinar en tambores con sal, en los saladeros. 

Lo que viene importado es el atún, que en nuestro mar cuesta encontrar volumen suficiente para poder sostener una producción estable. En estos días las lanchas amarillas desembarcan “bonito”, de la familia de los túnidos, pero dura menos que la temporada de verano, que para colmo en febrero se mudó al otoño.

Las conserveras importan atún entero y lo reprocesan con sus operarios, que entre todos, suman unas 700 personas. Las grandes cadenas de supermercados y mayoristas importan directamente el producto enlatado a un precio ostensiblemente más barato. 

El esquema de importaciones en el sector registró el año pasado 5 mil toneladas de atún entero refrigerado, cifra que representó una suba de casi el 30% en relación al 2015. Los preparados y conservas de pescadocontabilizaron 32 mil toneladas, una suba del 3,8% en volumen en relación al año anterior. 

Las temporadas de caballa y anchoíta 2016 no fueron abundantes. La caballa aportó 11 mil toneladas en los muelles del puerto, cifra que representó un 36% menos que en el 2015. La anchoíta tuvo un movimiento parecido: fueron 8700 toneladas que significaron una reducción de casi el 40%. 

El lado más amargo de la regular temporada lo recibe el personal temporario, que solo activó el empleo apenas un par de semanas. Para las fábricas hay un problema adicional: que se desató una lluvia de latas importadas con sardinas y caballa para cubrir la falta de producción nacional. 

En los dos primeros meses del año pasado la Cámara de Industriales de Pescado, que agrupa a las conserveras como La Campagnola, Natusur, Centauro, Copeca, Supremacía Marina y Marbella, reveló que se habían importado 9 mil cajas de 24 latas de caballa. Solo el mes pasado la cifra trepó a 21 mil cajas. 

Un 90% de la caballa que ingresa al país es importada de Ecuador, con el100% de preferencia, es decir, sin pagar derechos de importación. Lo mismo ocurre con la sardina. El atún proviene principalmente de Tailandia, que sí paga derechos pero su incidencia en el valor final del producto es irrisoria.

“Por la caja de 50 latas, el importador termina pagando 30 centavos de dólar por lata. A nosotros, solo el envase nos cuesta 25 centavos de dólar y el costo final del producto está por encima del dólar. Es imposible competir de esta forma”. El que saca cuentas, cálculos y resume la posición desfavorable de la industria nacional es Alejandro Pennisi, presidente de la cámara que nuclea a las conserveras. 

Basta con recorrer los supermercados para comprobar que el bajo precio que abonan los importadores no siempre se traslada a las góndolas, sino que solo amplían los márgenes de sus ganancias.

En el primer trimestre del año pasado, cuando comenzaron a notar el incrementó en la intensidad de la lluvia importadora, los industriales comenzaron rondas de consulta con funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, de Comercio Interior e Industria. 

En el segundo semestre no hubo reactivación pero la importación bajó un cambio. Igual impactó en las fábricas que no notaron mayor demanda de la producción nacional ante la reducción de la oferta por la caída de las zafras. Todo siguió entrando de afuera.

“Siempre hubo importación importante pero desde el año pasado notamos que se incrementó la cantidad de importadores; cualquiera trae cualquier cosa, no hay restricciones y eso genera previsibilidad: pueden importar lo que quieran cuando quieran”, aporta Sebastián Greco, de Copeca.

Los empresarios vienen de reunirse con Esteban Marzorati y Fernando Grasso, director de importaciones y Subsecretario de Industria, respectivamente, a quienes les plantearon una serie de medidas para reactivar la industria. 

En la Cámara destacan la buena predisposición de los interlocutores gubernamentales por escucharlos, pero que una vez cumplido el primer encuentro, les cuesta volver a sentarlos a una mesa para analizar soluciones. 

Las conserveras reclaman que se incluya en los planes alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social latas con merluza en aceite o al natural, como se hizo en anteriores administraciones desde el año 1983 donde se abasteció de varios millones de latas par programas de asistencia alimentaria. 

En la actualidad el sector ve con estupor que en planes provinciales y municipales de asistencia se entregan latas importadas de Tailandia y Ecuador. Pero parece lógico si no hay directivas superiores que prioricen a la industria nacional. 

Y el mercado interno tampoco ayuda. Los cálculos previstos a principios del 2016 se terminaron confirmando. La producción local se redujo un 30%, con proveedores que alimentan stock en cuenta gotas y pagan a los premios. 

De la batería de medidas anunciadas por el gobierno nacional y provincial para la industria pesquera, los empresarios lamentan que solo han podido beneficiarse de la nueva ley PYME, porque es de amplio alcance.

“No hemos sido capaces de hacerle entender a las autoridades que necesitamos una línea de financiamiento acorde a un sector productivo –reconoce Pennisi- El fondo

fiduciario estaba pensado, en parte, para poder comprar pescado a las lanchas artesanales y así poder extender la zafra. Duró una semana y podría haber durado otra más, pero nos quedamos sin fondos para comprar pescado y las lanchas dejaron de ir a pescar”.

Los industriales insisten en que lo que piden al gobierno no implica una erogación dineraria. “Es imperioso y urgente encontrar algún mecanismo que permita restringir el ingreso masivo de latas importadas”, agrega el Presidente. “No queremos cerrar la importación, pero sí administrarla, generar un justo equilibrio entre lo importado y lo nacional”, suma Grecco.

Los conserveros confiesan no saber dónde están parados y las consecuencias que puede generar esta política de apertura en los próximos seis meses, época en que las fábricas están en el piso de la producción hasta que se inicia la zafra de caballa y anchoíta. 

“No hubo despidos sistemáticos el año pasado”, asegura Greco aunque reconoce que las empresas debieron “sincerar” sus plantillas de personal. “Nosotros tuvimos el caso de un operario que de los últimos ocho años había faltado dos años y medio”, dice Pennisi. 

En las próximas semanas los directivos de la Cámara esperan ser convocados por la Secretaría de Comercio Exterior para ver si le ponen freno.

Las alarmas en el sector ya están disparadas hace rato y ahora suman una preocupación adicional: los posibles acuerdos con China en materia pesquera para bajar los aranceles de calamar y langostino.

Temen ser la moneda de cambio, como ha ocurrido con Ecuador, y se levanten las barreras para el ingreso al país de latas chinas. Sería el tiro de gracia para un sector que languidece en medio de un temporal de importaciones.