Finalmente, y como lo había anticipado Los Andes, la tarifa eléctrica se ajustará un 9% desde la semana próxima y hasta el 31 de octubre, cuando le suceda otra actualización de 7%. Dos subas consecutivas que, por primera vez en mucho tiempo, alcanzan a todas las categorías tarifarias incluidos los consumos inferiores a 300 kilovatios bimestrales. Al finalizar 2013, la luz en Mendoza será casi 22% más cara para todos los mendocinos, teniendo en cuenta el primer incremento aplicado en enero.

Ahora, para la categoría inicial implica que casi 163 mil usuarios (30% del total del sistema, con la tarifa congelada desde 2002) deben pagar al final de la factura unos $ 2 más en promedio de lo que abonaban hasta ahora. La progresión indica que en el resto de los segmentos el impacto crece proporcionalmente al consumo: por caso, para quienes demandan hasta 600 kw/bimestre la suba promedia los $ 9 ,y en consumos domiciliarios superiores, equivale a $ 67. Pequeños comercios y grandes demandas, en tanto, deben afrontar un promedio de $ 100 de incremento.

Cabe recordar que 2013 había arrancado con una suba del 9% al Valor Agregado de Distribución (VAD, el ingreso neto de las distribuidoras, equivalente al 5,5% para las facturas a pagar) en enero. Posteriormente, la audiencia pública desarrollada el 14 de marzo para discutir una nueva metodología de revisión tarifaria, aprobó conceder pequeños “retoques” cuatrimestrales con ese porcentaje como piso.

El anuncio, oficializado por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el presidente del EPRE, Elián Japaz, confirma la metodología de adecuación provisoria que se aprobó en la última audiencia pública de marzo. Era esperado desde hace más de un mes por las distribuidoras eléctricas, habida cuenta de que durante la discusión se decidió actualizar los montos cuatrimestralmente, a la espera de la revisión integral de los cuadros que debía efectuarse el mes próximo pero se postergó hasta enero de 2014.

Hacia las subas “a medida”

Si bien se habla de promedios, lo cierto es que, de acuerdo a la categoría, los incrementos pueden llegar al 10% y 12% como máximo para demandas de hasta 600 kw y superiores, respectivamente.

“Se evaluó necesario ajustar en los consumos menores que no recibían aumentos desde 2002. Esto no significa desproteger a la población de menores recursos, para los cuales está la tarifa social”, argumentó el ministro Baldasso, además de comparar la situación del sistema eléctrico de la provincia con el de otras para afirmar que el aumento “es menor que los concedidos tras las audiencias públicas en San Juan, San Luis y Buenos Aires”.

Respecto del cálculo que respaldó la decisión a partir de auditorías contables y técnicas a las empresas y a la demora en su aplicación (la audiencia de marzo había concluido en que se aplicaran ajustes cuatrimestrales desde enero), Baldasso dijo que “no creemos que dos pesos cambien la economía a nadie y servirá para que el sistema siga funcionando con un nivel de equilibrio económico financiero”.

La medida quedará firme a partir del lunes 24 con el decreto 885. Y, según Japaz, los ajustes finales dependerán del nivel de consumo real y serán la antesala de una modalidad nueva: los aumentos “a medida” de la situación de cada distribuidora eléctrica.

“Si bien hay empresas que han cuestionado esa posibilidad y aún no está resuelto, un objetivo es que puedan aplicarse desde 2014”, adelantó el titular del ente regulador.

Así las cosas, para el Gobierno y el EPRE las nuevas subas son condiciones necesarias y suficientes para reconocer a las empresas una rentabilidad del 9,9%, en la cuenta regresiva hasta la revisión integral de los cuadros tarifarios, que se difirió de julio próximo (la fecha inicial) a enero de 2014.

A criterio del gerente técnico del EPRE, Hugo Reos, “no se puede garantizar una rentabilidad mínima. Si las empresas son eficientes pueden alcanzar 9,9%, o superarlo si su nivel de inversión y tecnología es suficiente”.

En tanto, ayer los funcionarios confirmaron que las auditorías de costos, junto al monitoreo de inversiones y la aplicación de multas, seguirán como el medio de garantizar que los ajustes concedidos tengan un respaldo.