Hernán de GoñiTanto el Congreso como el Banco Central han reafirmado su interés por ofrecer algún tipo de contención a las víctimas de delitos bancarios. Pero un robo como el padecido por los clientes del Banco Provincia este fin de semana tiene un componente que el Estado no está en condiciones de curar de un día para el otro: la enorme desconfianza en el sistema bancario que forjaron los argentinos, a fuerza de sufrir la arbitrariedad de gobiernos que decidieron financiarse con ahorros privados.
La caja de seguridad surgió como un servicio ofrecido por los bancos para guardar objetos de valor lejos del alcance de delincuentes y del poder inquisitorio de los gobernantes. Su uso continúa inspirado en las reglas del secreto bancario y cristaliza una idea de libertad individual extrema con la que se busca ponerse al amparo del delito y de la ley al mismo tiempo.
Es que en el fondo, este ahorro fuera del sistema traduce el fracaso de una sociedad para fijarse reglas y hacerlas cumplir. Nos hace ver que ni una institución que “vende” seguridad es segura, y que cada vez son más los que prefieren ponerse a resguardo del propio Estado esquivando una declaración pública de bienes que implique pagar más impuestos. Cuando la demanda de este servicio crece, para algunos estamos bien. Pero vamos mal.
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