Ernestina Herrera de Noble, la dueña del Grupo Clarín, sufrió un duro revés en la Justicia. La Cámara de Casación Penal le rechazó un recurso que apuntaba a frenar la pericia para que se conozca la identidad biológica de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe Noble Herrera. La sospecha es que son hijos de desaparecidos. Y la certeza llegará pronto. En la causa, ella está imputada por falsedad ideológica de documento público.

Es probable que en el Gobierno hayan festejado la decisión judicial porque mantienen desde hace más de un año una lucha encarnizada con la propietaria del multimedios más grande del país, y pusieron en el centro del debate la filiación de los dos jóvenes junto con la Ley de Medios como dos banderas para esmerilar la credibilidad del Grupo.

El juez federal Conrado Bergesio, a cargo del expediente, ordenó, luego de un largo periplo judicial, que las muestras de sangre, el hisopado bucal y el ADN obtenido de prendas íntimas de los jóvenes entre el 29 y 30 de diciembre de 2009 fueran cotejados con los ADN de todas las familias de desaparecidos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand (BNGD).

Pero la defensa se opuso sistemáticamente a ese método. Argumentaba –y lo sigue haciendo– que Marcela y Felipe se sometieron voluntariamente a los análisis de sangre bajo la condición de que los tests se cotejaran sólo con los de las dos familias reclamantes, y con el requisito de que la prueba se ejecutara en el Cuerpo Médico Forense (que terceriza esos análisis) y no en el BNDG.

Por eso recurrió a la Cámara Federal de San Martín, que le denegó las apelaciones. Fue en queja a la Cámara de Casación Penal. Y ayer agotó sus últimos cartuchos porque Casación le cerró la puerta. Sólo le queda la Corte Suprema, y es improbable que la pericia se detenga una vez más como busca la defensa. "Ellos pueden ir en queja a la Corte Suprema, pero el análisis tiene que empezar no bien el juez vuelva a tener la causa en sus manos. No debería demorar esto menos de un mes", le explicó a PERFIL el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. Se supone que ese recurso ante el alto tribunal no debería tener efectos suspensivos. Pero también se suponía lo mismo cuando la defensa de los Noble apeló las medidas de prueba. Y sin embargo la causa hasta hoy se mantuvo en stand by. Las muestras están en el BNDG a la espera de que se inicie el cruce de los datos.

El abogado de la familia Noble, Jorge Anzorreguy, dijo que tiene diez días para presentar el recurso extraordinario, y recordó que la Corte ya lo favoreció con anterioridad cuando le denegaron por cuestiones técnicas una apelación en Casación. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora? "Es improbable –dijo Iud–, porque en esa oportunidad hubo un error de interpretación. Esta vez el fallo de la Casación fue contundente."

Por qué el rechazo. Los camaristas Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis María García no se expidieron sobre la cuestión de fondo. Esto es, no opinaron sobre si el análisis se debe hacer de una manera u otra. Rechazaron el recurso presentado por los doctores Jorge Anzorreguy, Alejandro Carrió y Roxana Piña porque la apelación no había sido firmada por las víctimas. Por la misma razón, consideran en Abuelas, debería la Corte rechazar "in límine" (al momento) un recurso extraordinario de la defensa. Aunque no tienen certeza respecto de si, mientras tanto, el análisis puede quedar en suspenso.

Pero la Casación hizo otra pronunciación relevante. Le pidió al juez Bergesio que impida a los abogados ejercer la defensa de Ernestina Herrera de Noble y de sus hijos al mismo tiempo, dado que la empresaria está imputada y los chicos son víctimas, por lo tanto tienen intereses contrapuestos en la causa. Y también le pidió al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que remita copias sobre la actuación de los letrados, para ver si les cabe una sanción.

La causa. Aunque la primera denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo remite a 1994, la causa judicial se inició en 1999 con la presentación de dos familias que reclamaban la filiación de Felipe y Marcela. Por el joven se presentó Gualdero-García y por la chica se presentó Miranda-Lanouscou, con el patrocinio de Alcira Ríos. Recién en 2007 Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante en nombre de todas las familias de desaparecidos, porque antes estaban imposibilitadas de hacerlo judicialmente. ¿Qué quiere Abuelas? Que se comparen las muestras con todas las del BNGD, porque están seguras de que los chicos fueron apropiados durante la última dictadura militar. Creen que es esa la razón por la cual los expedientes de adopción fueron adulterados, con testigos y datos falsos. Y también sostienen que es la misma razón por la cual los Noble sólo quieren cotejar las muestras con dos familias y no con las 500 muestras que contiene el BNDG. La ley sostiene que esas pruebas se tienen que hacer en el Banco de Datos Genéticos. Por otra parte, el Cuerpo Médico Forense fue intervenido por irregularidades en su administración. Por eso las Abuelas no confían y piden que se aplique la ley votada junto con la modificación al Código Penal para obtener muestras de ADN con métodos alternativos, como la incautación de prendas íntimas