En un hecho grave y sin precedentes, el juez federal Santiago Martínez, citó a declaración indagatoria a uno de los directores de LA BRÚJULA 24, Germán Sasso, por haberse negado a revelar las fuentes de información relacionadas con el caso Suris.
Además de pretender que no se publiquen nuevos audios e informaciones de Juan Suris, Leonardo Fariña y compañía, ahora quiere castigar con una imputación al periodista de LA BRÚJULA 24 por negarse a brindar información sobre cómo consiguió el material.
Específicamente, la Justicia Federal bahiense, quiere saber de qué manera este medio accedió a las escuchas telefónicas que viene publicando desde comienzos de año. Según informó la Justicia, se está investigando un delito de supuesta revelación de documentos secretos.
Cabe destacar que exigirle a un periodista revelar sus fuentes constituye un desconocimiento de las bases de la libertad de prensa. Además, se debe entender que es “regla básica” del arte del periodismo conseguir información bajo la promesa de no revelar la identidad del informante.
El artículo 43 de la Constitución Nacional indica que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas. Y según la última doctrina en la materia (Tratado de Derecho Constitucional del Dr. Horacio Rosatti) “el secreto periodístico se parece más a una garantía que a un derecho. Es una garantía funcional como la inamovilidad de los jueces o la inmunidad de la opinión de los legisladores”. Y agrega que "el beneficio de ese tratamiento es la sociedad toda, interesada en la libre circulación de la información".
PREOCUPACIÓN DE FOPEA POR EL ALLANAMIENTO
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiestó su profunda preocupación por la decisión de la Justicia de Bahía Blanca de allanar las oficinas del medio digital LA BRÚJULA 24, en busca de información que llevaría a dar con las fuentes que habrían brindado audios de conversaciones telefónicas y copias de chats vinculadas al denominado Caso Suris.
El secreto de fuente es un valor fundamental del periodismo y de la libertad de expresión, y su defensa es una barrera que levantamos en beneficio de la sociedad en su conjunto, para que pueda acceder a información clave. Reivindicamos lo dispuesto en el Código de Ética de Fopea, donde se señala que los periodistas no deben obtener información de forma ilegítima. Pero utilizar informaciones suministradas por fuentes no constituye un encubrimiento o un delito como en este caso sospecha la justicia, especialmente cuando está involucrado un bien o valor público.
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