Gran parte de los 800 choferes que en julio de 2002 se incorporaron a la empresa recién creada, firmaron un documento en el que aceptaban sueldos precarios porque la empresa misma era una respuesta precaria a la deserción de prestatarias por la grave crisis económica de entonces.

Dos años después, siendo ya Luis Juez intendente, normalizada la empresa y superada la precarización laboral, la mayoría de esos “signatarios” desconocieron el compromiso inicial e iniciaron demandas por la diferencia de haberes acumulada en dos años.

Las demandas prosperaron y recibieron fallos favorable de primera y segunda instancia, por lo que el municipio comenzó a apelarlas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto amenazaba dilatar por mucho tiempo el pago, por lo que recibió planteos de fuerza del gremio, la UTA.

Ante esto, la Municipalidad decidió iniciar una negociación en la que los demandantes, sin sentencia firme, lograron todo lo que se propusieron: pago de la totalidad de la demanda, apenas cediendo a que el monto se fraccionara en siete pagos.

Pero si lo logrado por los choferes fue óptimo para ellos, el abogado patrocinante de la mayoría de las demandas, Miguel Ortiz Pellegrini, obtuvo beneficios notables: le reconocieron honorarios por el 23% de las demandas y el municipio aceptó cumplir el gracioso rol de “agente de retención” de los emolumentos de los contratos de cuota litis (contrato particulares con los demandantes) a favor del letrado.

Aquellos juicios y los honorarios de los abogados lo obligaron al municipio a enfrentar desembolso por $ 20 millones, para lo que se valió del descuento de algunos centavos por boleto vendido en el servicio. Esto fue una previsión oportuna pero igual no alcanza para cubrir todo el desembolso.

Los que ahora piden un resarcimiento son, en realidad, los que en 2004 respetaron el contrato firmado en 2002 y desistieron de una demanda. Ahora, probablemente más que arrepentirse de aquella actitud, ven cómo se han beneficiado los que le dieron a su propia firma el valor de un garabato.

El pedido, no obstante, no tiene la posibilidad más absoluta de una respuesta afirmativa, aun tratándose de un gremio tan prepotente como la UTA y de un gobierno débil como el de Daniel Giacomino. Es que ningún funcionario puede disponer pagos por reclamos absolutamente prescriptos, porque de inmediato sería procesado judicialmente. Aunque quisieran, no podrían.

No obstante, el martes se realizó la primera audiencia para tratar el tema en la Secretaría de Trabajo, pasando luego a cuarto intermedio hasta el viernes.

Los que reclaman son 190, entre jubilados y activos, aunque habría algunos más.